Piden que testifique la exconsejera catalana de Sanidad por la vacunación de guardias civiles y policías

Por este motivo, han solicitado la presencia como testigos de la entonces consejera de Sanidad Alba Vergés, hoy diputada de ERC en el Parlament; del teniente coronel Esteban Gómez, responsable de la inoculación contra la covid en la zona de Cataluña; del inspector jefe de Policía Daniel Rapado, encargado de las relaciones con la Generalitat; y de los jefes de la Guardia Civil y Policía Nacional en la comunidad en el momento de los hechos.

Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, la declaración de estas personas se debe al resultado de la presencia en el juzgado de los investigados, quienes afirmaron que no sabían nada del retraso en la vacunación pese a que fue suspendida en tres ocasiones. «Poco menos dijeron que todo fue normal y correcto» e, incluso, un imputado afirmó que le dieron una placa el día de la Policía Nacional por su buen hacer en la inoculación de la vacuna, señalan los denunciantes.

Los cuatro cargos o excargos del departamento de Salud encausados son la secretaria de Salud Pública Carmen Cabezas, que entonces era la subdirectora general de Promoción de la Salud; el exdirector del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), Adrià Comella, actual gerente del hospital Sant Pau de Barcelona; Sara Manjón, exdirectora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud; y Xavier Rodríguez Guasch, exdirector de Servicios del Departamento de Salud.

Los denunciantes consideran que la Generalitat retrasó «injustificadamente» la inoculación a estos cuerpos policiales tras haber vacunado a los Mossos d'Esquadra. El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sostuvo mediante sentencia de los contencioso que hubo discriminación hacia estos grupos porque «la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria» que con los Mossos y policías locales.

Los sindicatos habían denunciado que en el proceso de vacunación, gestionado por las comunidades autónomas, no se había contado con los agentes de Policía Nacional ni Guardia Civil en Cataluña, «salvo a aquellos que, además de estar en activo o en reserva, tuvieran una edad de entre 60 y 65 años». Las quejas provocaron la intervención de los ministerios del Interior y Sanidad, que reconocieron retrasos en el ritmo de vacunación.

Los cuatro encausados atribuyeron esta demora en la tardanza al recibir el censo de agentes de los dos cuerpos y en la decisión que la vacuna de AstraZeneca solamente se podía suministrar a los menores de 60 años. Cuando el TSJC ordenó que se vacunara a los policías nacionales y guardias civiles, en abril del 2021, solo el 5% de empleados de este cuerpo había recibido la vacuna, mientras que esta cifra se elevaba al 83% en los Mossos, según la acusación particular. Unas cifras que confirmarían «la injusticia sufrida por miles de agentes» y «el trato discriminatorio» que reciben las fuerzas de seguridad del Estado por parte de la Generalitat.

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha defendido la necesidad de practicar las nuevas testificales «para que quede claro si fueron ellos, u otros responsables, los que excluyeron de los cuerpos de seguridad que debían ser vacunados todos aquellos que tenían un carácter nacional, o sea guardias civiles y policías nacionales, y cuáles fueron las razones por las que se decidió que solamente se inocularían las vacunas disponibles a los cuerpos que tenían un carácter provincial o autonómico», ha señalado.