La Fiscalía pedirá el archivo de la causa contra el ministro de Agricultura

En este caso, sin embargo, la presión de la oposición es limitada. El delito contra el medio ambiente investigado por el juzgado de instrucción de Palma del Condado correspondería a un periodo comprendido entre 2009 y 2012 (Planas llegó al cargo en mayo de ese último año) y, según ha publicado 'El País', en un escrito de diciembre la Fiscalía ya adelantó que no acusaría al hoy ministro por considerar que no existen indicios relevantes sobre su participación, por acción u omisión, en los hechos.

De hecho hoy insistido en que no lo hará porque no ve que Planas «haya colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento», según han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía.

Pablo Iglesias, que el miércoles sí se apresuró a exigir que Màxim Huerta cesara como ministro, avanzó que esperará a conocer cuál es realmente el criterio de la Fiscalía y a escuchar las explicaciones del propio Planas. Ciudadanos, a través de su secretario general, José Manuel Villegas, apretó un poco más, pero dio un margen al Ejecutivo; exigió la comparecencia urgente del ministro en la Cámara baja e instó a Sánchez a salir de su «escondite». Sólo los populares elevaron el tiro y reclamaron no sólo la salida inmediata del ministro sino la dimisión del jefe del Ejecutivo.

El primer partido de la oposición desempolvó en su ofensiva unas declaraciones realizadas en 2015 por el secretario general del PSOE cuando presentó el código ético de su partido: «Si soy elegido presidente, no abriré los despachos ministeriales a imputados ni aprobaré amnistías fiscales».

«Pues lo ha hecho de par en par», recriminó el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Teodoro García Egea. En realidad, las palabras textuales de Sánchez en aquel acto fueron que no abriría los despachos a «delincuentes imputados», una pequeña trampa porque, para ser considerado delincuente, debe haberse demostrado el delito. En todo caso, ni la ley ni el código interno de los socialistas exige que se aparte del cargo a alguien por el mero hecho de estar siendo investigado por la justicia. La línea roja para la asunción de responsabilidades está en la apertura del juicio oral.

Planas se defendió hoy asegurando que ni él era «competente» ni tuvo conocimiento de que se estuviera produciendo un robo de agua en Doñana durante su estapa en la Junta. También el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, restó la mayor trascendencia al asunto. «No hay caso, no hay noticia, no hay indicio de delito», argumentó.

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