La pesadilla de la caja B vuelve a la realidad del PP

Ya no está Mariano Rajoy, está Pablo Casado, pero la pesadilla de la corrupción persiste. La nueva dirección del partido tendrá que gestionar en términos políticos el próximo juicio por la caja B del PP. El juez De la Mata señala en una providencia conocida este martes que después de cinco años está acabada la instrucción sobre los 'papeles de Bárcenas' y se puede enjuiciar la contabilidad paralela del PP en sí misma; el pago en negro de las obras de reforma en la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid; la compra de acciones de Libertad Digital; y el impago del impuesto de sociedades en el ejercicio de 2008.

La investigación ha consistido, según explica el juez en su escrito, en determinar si «determinadas anotaciones reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas' constituyen el soporte documental-contable» corresponde a «contraprestaciones en metálico» cobradas por el PP «a cambio de interceder o presionar» para que «los pagadores» de esas comisiones consiguieran «determinadas adjudicaciones de obras públicas». Todo ello se hizo, según el juez, «con absoluta falta de transparencia y respeto de las prohibiciones legales». Ese dinero, se lee en la providencia, tuvo como destino «el pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el PP», así como a la financiación de campañas electorales y el pago de otros servicios.

Esa investigación, relata De la Maza, quedó truncada al año de abrirse porque el entonces instructor, Pablo Ruz, acordó su archivo provisional. Pero declaraciones en 2016 de Francisco Correa durante el juicio del 'caso Gürtel' provocaron que De la Mata reabriera esa parte de la causa que aún se investiga, y que afecta a empresarios como los expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, de FCC, José Mayor Oreja, Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, y a dirigentes del PP como el exsecretario general Ángel Acebes.

El juez, en cambio, ha cerrado la instrucción del resto de la caja B, en la que el extesorero Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez están investigados por organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, entre otros delitos. De la Mata considera que el PP, al menos hasta hace diez años, se sirvió de «diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal» y que no se reflejaron en la contabilidad legal que se presentaba ante el Tribunal de Cuentas, que nunca encontró ilegalidad alguna en las cuentas del partido.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también tiene vía libre para enjuiciar el supuesto fraude en las obras de reforma de la sede nacional del PP, realizadas entre 2005 y 2010, y en la que las investigaciones apuntan a que se pagaron casi 900.000 euros en negro. Por esta pieza se sentarán en el banquillo Bárcenas y Páez, y también Gonzalo Urquijo, representante de la empresa que hizo la remodelación, Unifica Servicios Integrales, y dos empleados de esta firma. El PP tiene depositada una fianza de 1,2 millones de euros para cubrir las responsabilidades civiles que se puedan establecer en el juicio.

La compra de acciones de Libertad Digital por 400.000 euros procedentes de la contabilidad B del PP será asimismo enjuiciada por la Sala de lo Penal. Bárcenas admitió esa compra fraudulenta y apuntó a Acebes como inductor de la adquisición de los títulos del medio del periodista Federico Jiménez Losantos. Y aunque no tiene relación directa con la caja B, el juez también considera acreditado la existencia de un fraude fiscal en el pago del impuesto de sociedades en 2008 por la presunta financiación irregular del partido. La Agencia Tributaria calculó en su día que ascendía a 220.167 euros.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que fijar ahora la fecha del juicio, que, según fuentes jurídicas, se quedará para el próximo año.