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La Fiscalía y la Abogacía del Estado sacaron su mejor artillería en la primera sesión dedicada a los peritajes e hicieron comparecer ante el Supremo a cuatro de las más brillantes funcionarias de Hacienda y de la Intervención General del Estado para apuntalar su tesis ... de que los líderes del procés incurrieron en malversación al sufragar parte de los gastos del referéndum con fondos públicos. Y las especialistas, incluso, se atrevieron a dar una cifra exacta de esa malversación durante el procés: 917.648 euros, antes de impuestos.
Los testimonios de las funcionarias de Hacienda Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández y de la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega, fueron demoledores para las defensas.
Izquierdo dio un duro golpe a la línea de flotación de los ex miembros del Govern –y particularmente a la del exconsejero de Exteriores, Raül Romeva- al asegurar tajante que el Diplocat (la entidad usada por la Generalitat para promocionar el referéndum y la república en el extranjero) no era privada, como sostienen los imputados. «Los fondos de Diplocat forman parte de la Hacienda Catalana. Se financia por la Generaliltat en más de un 85%. El hecho de que la financie no es una casualidad. Esta en sus estatutos. Desde cualquier punto de vista que se mire, forma parte de la Hacienda Pública Catalana», insistió la abogada del Estado, antes de revelar que el Govern se gastó 176.000 en el pago de los «observadores internacionales».
Las peritos también certificaron, entre otras muchas irregularidades, que la inclusión de la campaña de promoción de referéndum en los medios públicos catalanes en «ningún caso» puede considerarse gratuita porque el ente público se sostiene con dinero de los «ciudadanos».
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