El Pequeño Nicolás niega haber utilizado a un amigo para hacer la selectividad

Gómez Iglesias se enfrenta a una petición de condena de cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad de documento oficial por presuntamente falsificar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para que su amigo Manuel Avelló, al que según la acusación pública habría pagado 6.000 euros, hiciera el examen por él. Sacó un 8,25 en la prueba cuando su nota media en el Bachillerato apenas superaba los cinco puntos.

El acusado ha respondido con evasivas a todas las preguntas, llegando a asegurar que reconoce ahora a Avelló por haberse estudiado las actuaciones contra él, y situándole entre los «entre 3.000 y 4.000 contactos» que tendría entonces en su teléfono como «director de salas de discoteca».

Ha dicho también no recordar un apunte que se encontró en su domicilio en el que aparece escrito: «Manu Avelló 12.000»; y tampoco el 'chat' llamado «Selectividad», aportado por un testigo, en el que se hablaba de su suplantación para hacer el examen, alegando que ya habían transcurrido nueve años desde que ocurrieron los hechos.

Por su parte, Avelló ha negado también que llegara a acuerdo alguno con el Pequeño Nicolás para sustituirle en el examen ni que cobrara por ello. Ha afirmado que se enteró de la existencia del DNI falso por una amiga, que le avisó de que su foto en el documento aparecía en los informativos, y ha sugerido que foto pudo ser sacada por cualquiera de sus redes sociales.

Igualmente ha negado cualquier relación con los hechos la tercera acusada, que es la funcionaria que tramitó el carnet de identidad falsificado y que se sienta en el banquillo por la inexistencia del denominado 'talón foto' que debería haberse generado cuando ser realizó un duplicado del documento.

La mujer dijo no recordar nada de dicha jornada, en la que tramitó doce documentos, de los que sólo dos no fueron renovaciones, sino «refabricaciones» por extravío. Dijo que cuando se cambiaba la foto solía salir en pantalla un aviso en color rojo solicitando la destrucción de la anterior, y que así debió proceder, sin poder aclarar que pasó con el citado 'talón foto'.

Su testimonio ha sido respondido por dos de los policías que participaron en la investigación del caso, que lo han puesto en cuestión. Según el inspector jefe, ya jubilado, que investigó el asunto del documento falsificado la generación del 'talón foto' era obligatoria en estos supuestos en el año de los hechos, en 2012, y que al final del día todas estas cartulinas se remitían al departamento policial correspondiente porque de otro modo no quedaba rastro alguno del cambio. Esta situación no se da actualmente porque los cambios quedan archivados en el sistema informático.

Este inspector ha apuntado también que el cambio de fotografía en documentos que no son renovados está muy restringido, y se justifica por cambios físicos en el ciudadano que recomienden hacerlo para facilitar su identificación.

Ha añadido que en ocasiones el cambio de fotografía se utiliza por determinadas personas para cometer estafas o para suplantaciones en oposiciones, y de ahí la importancia del talón. Ha dicho desconocer la existencia del aviso de letras en rojo al que se ha referido en su declaración la funcionaria, para quien el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión y 2.160 euros de multa como autora de un delito de falsedad en documento oficial.

Otros agentes que han comparecido igualmente como testigos han ratificado que la conversación por mensajes en la que el Pequeño Nicolás avisaba a sus compañeros de instituto de que otra persona le sustituiría en la selectividad fue aportada por uno de ellos, que hizo 'pantallazos' en su momento y los conservo, aportándolos impresos en papel.

En cuanto al amigo que hizo el examen en nombre de el Pequeño Nicolás, el Ministerio Fiscal le señala como cooperador necesario proponiendo que sea condenado a otros cuatro años de cárcel y a una multa de 1.620 euros.

Según el escrito de acusación del fiscal, el jefe de estudios del Instituto J.Y.J. también estaba al tanto de los planes del joven. En su caso, debía conseguir información sobre el profesor que iba a encargarse de los alumnos del centro educativo durante los exámenes de selectividad, ya que si conocía a Francisco Nicolás «truncaría todas las posibilidades de ser suplantado» y, a cambio, Gómez Iglesias prometió trabajo a sus hijas y a la pareja de una de ellas.

Francisco Nicolás hizo creer a una de las hijas que tenía una «estrecha relación» con el presidente del Grupo Pascual, Tomás Florencio Pascual. Con este objetivo, creó una cuenta de correo electrónico simulando que era el alto cargo del grupo de lácteos y le escribió varios mensajes asegurándole que iba a ser contratada en la empresa, de tal modo que ésta dejó su puesto de trabajo.

Este viernes declararán en calidad de testigos compañeros de clase de los procesados y varios empleados de la oficina de DNI y para el martes 25 de mayo está prevista la presentación de los informes periciales y los informes documentales propuestos por las partes, tras lo cual las partes presentarán sus conclusiones definitivas y el juicio quedará visto para sentencia.