Tercera condena al Pequeño Nicolás por hacerse pasar por enviado del Gobierno y CNI

El Pequeño Nicolás, absuelto en 2018 en un primer juicio por calumnias al CNI, acumula con esta tres penas de prisión. En 2021 la Audiencia de Madrid le condenó a un año y nueve meses por falsificar el DNI para que un amigo se presentase a la Selectividad en su nombre; y a otros tres años por hacerse pasar en 2014 por enviado del rey Felipe VI y de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante un viaje a Ribadeo (Lugo), donde almorzó con el presidente de la compañía de transporte Alsa, Jorge Cosmen. Estos dos fallos no son firmes, ya que han sido recurridos ante el Tribunal Supremo.

En la sentencia conocida este lunes se ha considerado acreditada la "conducta ilícita" de Gómez Iglesias, "desplegada de forma personalmente ostentosa", para "aparentar que se trataba de una persona que desempeñaba funciones" en el Ejecutivo para estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga, exdirectivo del Banco Santander, en la venta de una finca situada en Toledo llamada 'La Alamedilla'.

Se trata de un terreno de 44 hectáreas vinculado a los exresponsables de Banesto Mario Conde y Arturo Romaní a través de Inversiones Rondonópolis. Esta mercantil compró en octubre de 1994 la finca a la financiera de Banesto y se la vendió en 1997 a la sociedad Hacienda La Alamedilla. Dicha finca ha salido ahora a subasta por impago y está valorada en 5,6 millones de euros.

En su escrito de acusación, la Fiscalía aseguraba que el joven se había hecho pasar por un miembro de la Vicepresidencia del Gobierno para intentar hacerse con los 300.000 euros que había en la cuenta que el empresario tenía con su mujer, pero que al no poder ejecutar su plan pidió 25.000 euros en efectivo, que es lo que le permitieron retirar del banco.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado pedían además una pena prisión por la estafa, pero el tribunal presidido por Ángela Acevedo concluye que "no se ha probado con total certeza la entidad y finalidad de las operaciones" por las que Gómez Iglesias y Martínez de la Hidalga se reunieron en 2014. Tampoco se ha probado con total certeza que el exdirectivo del Santander entregara "engañado" los 25.000 euros "ni que tuviera intención más adelante de realizar otro desembolso económico".

Durante el juicio, el joven aseguró que trabajó como intermediario en la compraventa de la finca ubicada en Toledo a petición del empresario. Dijo que tenía previsto llevarse el 5% de la operación, de cerrarse en 15 o en 18 millones euros. E insistió, sin embargo, que al ser detenido no pudo continuar con sus servicios. Una de las razones por las que no se consuma este delito es que el propio empresario octogenario afirmó en el juicio que no se había sentido engañado.

Por este motivo, la sentencia sugiere que ambos, acusado y perjudicado, pudieron tener algún tipo de acuerdo "confesable o inconfesable" para sacar el dinero del banco para otro fin diferente al conocido en los escritos, incluso la evasión fiscal o el uso de la finca como aval bancario para otras operaciones.

En el horizonte próximo se acerca otro juicio para Gómez Iglesias por haber accedido "en varias ocasiones" a "información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales", según la Fiscalía. Por estos hechos se enfrenta a nueve años y nueve meses de prisión por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.