Las penas a las que se enfrentan los líderes del 'procés'

Llarena justifica su decisión por el «riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por un delito de rebelión». La resolución señala que se trata de un momento en el que las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso son hoy indicios racionales y firmes, en referencia al auto de procesamiento dictado esta mañana.

Los cinco presos se unen así al exvicepresidente Oriol Junqueras, al exconseller Joaquim Forn, al expresidente de ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, por lo que todos los procesados por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel, estarán en prisión provisional salvo los cuatro fugados que son el expresidente Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsati.

El auto de procesamiento del juez del Supremo Pablo Llarena dejaba entrever que Jordi Turull y los otros cinco líderes secesionistas citados a una vistilla en el Alto Tribunal podían entrar de nuevo en prisión. En la página 66 de la resolución, Llarena explicaba que «se configura un grave riesgo de fuga» para los encausados que se ha multiplicado con el cierre de la investigación.

«Sin seguridad, pero con la firmeza que deriva de una instrucción culminada en lo esencial, se apunta un riesgo de ocultación derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión», un delito penado en este caso con hasta 25 años de prisión.

El juez Llarena añadía en el auto que este riesgo de fuga se potencia «por una pluralidad de factores», la gravedad de la pena y la eventual proximidad de su enjuiciamiento, ya que la vista oral se prevé que comience para finales de octubre o noviembre.

Añadía el magistrado que la investigación «ha reflejado el claro desprecio de los procesados al acatamiento de las decisiones de la autoridad judicial, las cuales se han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años».

Además, los procesados por presunta rebelión «comparten propósito con los procesados presos» y no han dudado en dificultar el ejercicio de la jurisdicción española «buscando refugio en terceros países», como ha hecho Marta Rovira.

Los que se enfrentan a esa vistilla, en la que las acusaciones se plantean pedir el ingreso en prisión, son, además de Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell. Rovira estaba citada pero se ha fugado de la justicia.

Llarena ha declarado procesados por un delito de rebelión (de 15 a 25 años de prisión) a 13 investigados en la causa que investiga el proceso de secesión de Cataluña. Se trata del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, su exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsejeros del Gobierno catalán -Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa-, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Esta última no ha acudido finalmente al Supremo ya que ha huido de España.

Los acusados por este delito se pueden enfrentar a una pena de hasta 25 años de prisión. En cualquier caso, el único precedente que se conoce en la democracia española en relación a este delito es el del exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de prisión por rebelión militar

En el auto, el juez procesa además a los otros cinco exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsejeros procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda integrarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña -Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet-, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo y huida en Suiza. Este tipo penal conlleva hasta dos años de inhabilitación, no prisión, y multas de 12 meses.

Precisamente, Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa anunciaron anoche, tras el fallido debate de investidura, que dejaban su acta como gesto al juez Llarena de que están desvinculadas del 'procés'.

El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret.

La cuantía se ha establecido sumando a 1,6 millones, que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1-0, de acuerdo a las investigaciones practicadas, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades pecuniarias.

El juez archiva la causa al expresidente Artur Mas, a la dirigente de PDeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentista Neus Lloveras.

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha expresado este viernes su apoyo a los exconsellers de la Generalitat que comparecen ante el Tribunal Supremo.

«Nunca estaréis solos ante tanta injusticia. Siempre estaremos con vosotros. Diputados, compañeros y amigos, os queremos», ha publicado en un mensaje de Twitter. «La cabeza y el corazón, en Madrid con Carme Forcadell, Jordi Turull, Marta Rovira, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva», ha añadido el republicano en su apunte.