La «pena de telediario» de Paco Camps llega a su fin

Después de que juzgados y tribunales hayan archivado o absuelto a Camps en nueve causas de corrupción durante 14 años –desde que fuera imputado por el 'caso de los trajes' que provocó su dimisión en julio de 2011–, el acusado recibió el martes el cariño del exsenador popular Pedro Agramunt antes de su intervención. «Se le acusa de haber intercedido en la compra de tres mostradores de feria; empezaron con los trajes y quieren acabar con los mostradores, esta es la izquierda que tenemos», espetó el presidente de Foro 2020, punto de encuentro de nostálgicos campistas.

De 60 años y empleado del mismo despacho que le defiende tras renunciar a los 60.000 euros de sueldo público del Consejo Jurídico Consultivo -como miembro nato por su condición política-, Camps no dejó títere con cabeza antes del último juicio: cargó contra los periodistas «sin escrúpulos», puso en duda la «formación» de los investigadores de la UDEF y la UCO por las «valoraciones jurídicas» de sus informes, reclamó una «auditoría» en la Fiscalía Anticorrupción y señaló a los tres jueces causantes de su apocalipsis personal: Baltasar Garzón, Juan Climent y José de la Mata, «altos cargos socialistas», denunció.

Convencido de nuevo de su inocencia tras los malos tragos de las distintas piezas de Gürtel, Fórmula 1, caso Valmor o Nóos, Camps afronta a la ofensiva su último calvario pese al imponente foro del juicio, la Audiencia Nacional, y la expectación mediática que mantiene su figura en un momento dulce para su partido, según las encuestas, al que sigue ofreciéndose como candidato.

El escrito de acusación provisional de la Fiscalía reclama para él dos años y medio de prisión por delitos de prevaricación y fraude. Se le atribuye el uso de su cargo para favorecer la adjudicación de contratos a empresas del Grupo Correa. Supuestamente, influyó para que su gobierno diera el servicio de grandes eventos para la feria de turismo Fitur a Orange Market, filial valenciana del entramado de Francisco Correa, líder confeso de la red corrupta.

Camps, según los fiscales, habría favorecido a esta sociedad «para contentar» a sus gestores «ante la elevada deuda acumulada hasta 2008» con ellos por la preparación de actos del PP: 800.000 euros. La sociedad, dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes', otrora «amiguita del alma» del presidente, se asentó en 2003 en la región para «aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció» este. Tanto para eventos del partido como «tener una posición ventajosa en contratos públicos».

Este lunes Camps y 'el Bigotes' vuelven a cruzar sus caminos. Ambos como procesados y con estrategias de defensa diametralmente opuestas, una vez que el segundo, en prisión desde hace seis años, viene colaborando con la Fiscalía en las últimas causas. Su posición y la de otros acusados que han buscado pactos de conformidad en este juicio para rebajar su petición de pena será la piedra en el zapato de Camps. «Las conformidades deben ser un mero allanamiento al escrito de acusación, pero no convertirse en un escrito incriminatorio», replicó su abogado al tribunal.

Anticorrupción señala que dispuso lo necesario para que los contratos dependieran de Presidencia a través de la Dirección General de Promoción Institucional, encabezada por la acusada Dora Ibars, en lugar de depender de la Agencia Valenciana de Turismo. Fue 'el Bigotes' quien «llevó a cabo un conjunto de actuaciones previas» para lograr que Camps «diera verbalmente instrucciones» a Ibars para que le adjudicasen los trabajos de Fitur, que en 2009 –año del escrutinio judicial– tuvo un coste de 366.529 euros.

Álvaro Pérez declaró en fase de instrucción que Camps le dijo en noviembre de 2008, cuando iban juntos paseando cerca de la casa del segundo, que el contrato era suyo. Conviene recordar que la instrucción se reabre –el asunto estaba ya listo para juicio– a raíz de la confesión de Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, en el juicio de la 'caja B' regional en 2018 y también de sus posteriores declaraciones.

El caso Fitur ya fue objeto de una pieza en la que fue condenada a nueve años de prisión Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes. En esta ocasión se juzga a Camps y a otras 26 personas, entre ellos tres exconsellers:Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, 16 técnicos o cargos medios de la Generalitat y seis integrantes del Grupo Correa.

El tribunal ha previsto 60 sesiones que se desarrollarán a lo largo de cinco meses. La última está fijada para el 23 de mayo, aunque podría acortarse el calendario. El proceso, no obstante, coincidirá en el tiempo con la campaña de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Munición de alto calibre con Camps de nuevo como protagonista.