Peinado impide a Bolaños declarar por escrito en el 'caso Gómez' y le exige entrar en Moncloa sin esperas

El instructor ha desestimado la petición de Bolaños, quien alegaba que, basándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podía acogerse a declarar por escrito, ya que esta normativa le permite esquivar el interrogatorio presencial cuando las preguntas versan sobre asuntos a los que ha «tenido conocimiento por razón de su cargo». Sin embargo, el juez afirma que esa interpretación del ministro es «errónea», ya que se le va a preguntar (en el marco de la pieza separada por malversación de caudales públicos por la contratación de Álvarez) sobre cuestiones anteriores a que ejerciera sus actuales cargos, cuando era secretario general de la Presidencia.

El juez Peinado, en esa misma resolución, reclama a Moncloa que facilite el próximo 16 de abril la entrada sin demoras de la comitiva judicial al recinto y que no se repitan los retrasos en los controles que, asegura, se dieron en julio del pasado año cuando el instructor se desplazó a presidencia para interrogar a Pedro Sánchez. Entonces, afirma Peinado, a pesar de que los miembros de la comitiva habían sido «previamente identificados» fueron «retenidos por un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario».

El magistrado hace estas advertencias a los servicios de seguridad de Moncloa después de dar por bueno, aunque a regañadientes, un informe de la escolta de Bolaños que sostiene que –tal y como pretendía originariamente Peinado- interrogar al testigo en su despacho de la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo, en pleno centro de Madrid, iba a provocar «inconvenientes» a la ciudadanía.

Peinado ha citado al ministro después de que el pasado 24 de febrero tomara declaración, también como testigo, al exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, que fue quien propuso el nombramiento de Álvarez como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno en 2018. González arguyó que él se había limitado a elevar la propuesta del nombramiento que le había llegado de su superioridad y señaló a Bolaños como su responsable por entonces, cuando era secretario general de la Presidencia. González afirmó que en verano de 2018, tras la moción de censura que ganó Sánchez, el nombre de Álvarez le llegó dentro de un listado de 80 nombres y que él no sabía nada de ella. Es más, que nunca llegó a ver su currículum ni supo si Cristina Álvarez se había sometido finalmente a un proceso de selección para el cargo.

María Cristina Álvarez, que tiene la condición de investigada desde el 28 de enero y que luego recurrió su imputación al considerarla «caprichosa», está en las últimas semanas en el foco de Peinado, quien ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un análisis del tráfico de llamadas de la investigada desde su nombramiento en 2018 hasta la actualidad.

El juez ha pedido en particular conocer todo el intercambio de comunicaciones que tuvo con números de la Complutense, del Grupo Barrabés, del Instituto de empresa, del África Center y de varias empresas que colaboraron con la cátedra como Google, Manpower, Telefónica, Fundación Caixa o Reale.

El nombre de Álvarez saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntados a la causa contra Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios y, desde hace unas semanas, también por apropiación indebida e intrusismo profesional. En esos mails se evidenciaba que Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021, a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que ésta era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras o de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid por encargo de la mujer de Sánchez.

Su situación se volvió más delicada aún cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software (programa). Pero esos correos lo que realmente constataron fue que la empleada de Moncloa se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra.

En su testifical del 20 de diciembre, Álvarez sostuvo que solo ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre como «favor» por su «amistad» con ella. Y que no lo hizo como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, que es el puesto oficial que ocupa.

La asesora, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Moncloa el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comento que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.