Sánchez moviliza a los servicios jurídicos del Estado contra el juez que investiga a su mujer

Aunque la querella enumera diversas resoluciones que Sánchez considera injustas o de dudosa motivación, el eje de la demanda con la que el jefe del Ejecutivo pretende el apartamiento de la carrera judicial de este magistrado –la prevaricación esta castigada con hasta 15 años de inhabilitación– es la negativa del instructor a dejarle declarar por escrito.

Peinado se lo denegó y le respondió que, según el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entendía que estaba facultado para tomarle declaración en Moncloa o en su despacho oficial al tratarse de hechos de los que no había tenido conocimiento por su cargo. Esgrimió el juez que solo le iba a cuestionar como esposo de Begoña Gómez y por las actividades de su cónyuge, algo que –apunta la Abogacía en su escrito– no tiene sentido cuando la acusación es el tráfico de influencias, una figura que solo se puede cometer por alguien haciendo uso de su autoridad.

Así las cosas, la demanda, de 35 páginas, se registró en el TSJ de Madrid en el momento en que los servicios jurídicos del Estado vieron consumado el supuesto delito de prevaricación, al obligar Peinado a Sánchez a comparecer en persona ante él aunque no llegara a ser interrogado acogiéndose al derecho de no testificar contra un familiar cercano. En ese escrito, la Abogacía insiste en que se ha visto obligada a presentar esta querella para defender a una institución central del Gobierno frente «a las actuaciones puntuales realizadas por el querellado», el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. «Ello no supone, ni puede suponer un ataque al Poder Judicial», se escudan los servicios jurídicos, sino una forma de combatir la «arbitrariedad proscrita constitucionalmente» del magistrado y su «injusto proceder».

Hecha esa advertencia previa, el texto que firma la letrada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro, ve una clara prevaricación en la actuación de Peinado en su empeño por interrogar en persona a toda costa al presidente, incluso a sabiendas de que no podía hacerlo una vez que él había manifestado su intención de limitarse a responder un cuestionario, tal y como le ampararía la Ley de Enjuiciamiento Criminal por tratase de hechos que no son ajenos al cargo que actualmente ostenta Sánchez. Según los servicios jurídicos, Peinado ha «violentado sin motivación posible» la ley para intentar interrogar en persona al presidente con «una finalidad extraprocesal».

«Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada contraviene la normativa que la regula (Ley de Enjuiciamiento Criminal), despojando a quien ostenta, la Presidencia de uno de los poderes del Estado, de las garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable», zanja la querella.

La Abogacía se defiende anticipadamente de posibles críticas al asegurar que «no se trata de que no quepa investigarse a alguien en nuestro sistema procesal». «Se trata –explica la demanda– de que la forma buscada para la investigación, en este caso concreto, está más orientada a otras finalidades, ajenas a las procesales, de manera que las decisiones no pretenden ser eficaces desde un punto de vista sumarial, sino aparatosas».

La Abogacía del Estado, que recuerda que Peinado se habría saltado la «costumbre» de no publicar resoluciones en período electoral cuando «hay intereses políticos concernidos por el proceso», en alusión a la campaña para las europeas del 9 de junio, afirma además que se ha dedicado a hacer una «contravención abierta de normas que pretenden ordenar la intervención en el proceso penal de los poderes e instituciones del Estado» con tal de apuntar contra el jefe del Ejecutivo.

La querella de Sánchez –que pide que se tome declaración como testigo al juez Carlos del Valle, quien, como sustituto de Peinado por vacaciones, rechazó el viernes el recurso de la Fiscalía a la petición de que Sánchez declarara por escrito– insiste en la necesidad de parar al instructor, al que acusa de usar esta causa contra Begoña Gómez para saltarse la división de poderes. «Se trata de impedir que el ejercicio del Poder Judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales». «A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que puedan tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo», denuncia Fernández Toro en nombre del jefe del Ejecutivo.

La querella de Sánchez contra Peinado es la segunda contra este juez por la instrucción del 'caso Begoña Gómez'. En mayo, el periodista Máximo Pradera le denunció por revelación de secretos tras filtrarse el auto del 26 de abril por el que se abrían diligencias previas en su juzgado contra la mujer del presidente.