Sánchez: «No tengo ni idea de quiénes son los amnistiados»

Sánchez ha afirmado que «no se puede modificar un pasado secrecial, pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías» de corte fiscal. El presidente del Gobierno ha recordado que el proceso del anterior Ejecutivo fue «un fracaso moral pero también recaudatorio» porque se ingresó la mitad de los 2.500 millones de euros estimados inicialmente. En la réplica al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado «no tener ni idea» de «quiénes son los amnistiados». «Lo que no voy a hacer es prevaricar», ha afirmado, si difundiera esos nombres.

Lo que no hará el Ministerio de Hacienda será difundir públicamente la lista de los amnistiados acogidos a aquella regularización, a pesar de las promesas realizadas por el propio Pedro Sánchez, cuando era líder de la oposición, sobre la exposición de esos listados cuando llegara a La Moncloa. Sánchez ha reconocido ante el Congreso que «no es posible hacerlo» porque se incumpliría el principio de irretroactividad que marca la Constitución.

En esa nueva ley tributaria, se incidirá en «la lucha contra el fraude y la actualización de la lista de paraísos fiscales». Pedro Sánchez ha afirmado que «un estado del bienestar exige un sistema fiscal de primera división y no de tercera, como el que tenemos en la actualidad».

Por otro lado, la dificultad parlamentaria con la que tiene que moverse el Gobierno a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa ha llevado al jefe del Ejecutivo a intentar ganarse a las comunidades cuyos gobernantes pertenecen al Partido Popular al cuestionar si esas regiones se van a negar a contar con los 2.500 millones de euros más que el Ejecutivo quiere poner encima de la mesa al flexibilizar la senda de cumplimiento de déficit para los dos próximos años. Sánchez ha instado al portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, a aclarar si «los presidentes autonómicos del PP van a rechazar seta propuesta en sus comunidades».

El presidente del Gobierno se enfrenta este jueves a un Consejo de Política Fiscal y Financiera -el órgano que aglutina los consejeros de Hacienda- en el que las regiones del PP suman cinco votos (Galicia, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Murcia) frente al resto de PSOE y partidos nacionalistas y regionalista. Para conseguir el apoyo de los 'populares', ha aseverado que «o apuestan porque las comunidades tengan más recursos económicos o lo que dicen es que el Gobierno tiene que hacer más recortes y un deterioro del Estado del Bienestar». Los nuevos objetivos tienen que pasar el aval tanto del Congreso -donde el PSOE deberá negociar con todos los grupos que apoyaron la moción de censura- como del Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta.

Durante su comparecencia en el pleno del Congreso, Pedro Sánchez ha aclarado que de las cinco décimas de margen que ha solicitado a la UE -del 2,2% se pasará al 2,7% este año, y del 1,3% al 1,8% el próximo-, suponen 6.000 millones de euros de los que hasta 2.500 irán a las comunidades, otros 2.500 a la Seguridad Social y 1.000 para los ayuntamientos.

Para lograr todas las promesas y políticas de gasto que pretende llevar adelante en menos de dos años, el Gobierno ha solicitado una reducción en las exigencias para reducir el déficit de 0,5 puntos del PIB, para acabar con un desvío del 2,7% de las cuentas públicas frente al 2,2% previsto inicialmente (un 1,8% en 2019 frente al 1,3% anterior). Se trata de unos 5.000 millones de euros extra, de los que 2.400 se los llevarán las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros del viernes aprobará esta nueva senda, después de reunirse este jueves con las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno ha confirmado la intención de tirar de impuestos para cuadrar las cuentas públicas ante la batería de promesas sociales. Bajo la premisa de «no elevar los impuestos a los ciudadanos de a pie, pero sí pediremos un esfuerzo a las empresas», Sánchez quiere aprobar e impuesto a las compañías tecnológicas; «rediseñar» el Impuesto de Sociedades para que el tipo fiscal efectivo sea «similar» al nominal y, en ningún caso, inferior al 15% para grandes corporacioens; y un «paquete de figuras que desincentiven las prácticas contrarias al medio ambiente», en referencia al diésel.

También ha confirmado la aplicación de una «figura impositiva finalista al sector financiero» para financiar las pensiones. Sánchez ha exhortado a los diputados a «construir un nuevo Pacto de Toledo» para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, porque «cada vez somos menos españoles» y, en muchos casos, con salarios a la baja que impactan en las cuentas públicas del sistema. Sánchez ha insistido en la necesidad de «actualizar las pensiones en función del coste de la vida». Para ello, además del impuesto a la banca, ha apelado a un «cambio en el modelo productivo», en el que los sueldos «marquen tendencia» y «pensar a medio y largo plazo».

En el campo laboral, Pedro Sánchez también ha anunciado la aprocación de un plan director contra la explotación laboral, en un Consejo de Ministros antes de que finalice julio. Con este proyecto pretende «erradicar la precariedad laboral», actuaciones «contra la temporalidad injustificada y la parcialidad abusiva», análisis ante los «exceos de jornada con horas extra injustificadas e ilegales», así como con el problema de los falsos autónomos.

Junto a una renovación de las políticas de empleo y una ley de brecha salarial e igualdad laboral, el presidente del Gobierno también ha anticipado otro plan de choque para el empleo de jóvenes, con modificaciones en los contratos de relevo y prácticas, nuevas políticas de empleo para jóvenes, un desarrollo de las prácticas no laborales, el nuevo Estatuto del Becario y la eliminación de las prácticas extracurriculares.

En materia de infraestructuras y vivienda, Pedro Sánchez se propone «reorientar el sistema de transportes con parámetros de cohesión territorial y de vida» y un nuevo Plan Nacional de Cercanías. Además, se elevará la prórroga forzada del plazo de los arrendamientos hasta los cinco años -frente a los tres años actuales-, se limitarán las fianzas y se «ajustarán los alquileres de temporada para exluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos a la vivienda turística» para reordenar el problema de los pisos de plataforma como Airbnb o Homeaway. El nuevo Plan de Vivienda fomentará la construcción de 20.000 viviendas públicas de alquiler en cuatro años.