Sánchez afronta la mayor crisis migratoria y diplomática desde la Transición

Sánchez suspendió un viaje a París, canceló su agenda y se desplazó a Ceuta, y también a Melilla; la ministra de Asuntos Exteriores pidió explicaciones a la embajadora marroquí; se constituyo un gabinete de crisis en la Moncloa y otro de coordinación en Interior; se activaron los resortes de la «alta diplomacia», se supone que del rey Felipe VI con Mohamed VI, y ante la Unión Europea; el Ejército se desplegó en la playa del Tarajal; y el jefe del Ejecutivo incluso se puso en contacto con el líder de la oposición.

El Gobierno trató en un primer momento de acotar la crisis al terreno migratorio y buscó minimizar el alcance de los hechos. «No me consta», fue la escueta respuesta de Arancha González Laya al conocerse el lunes la llegada de los primeros centenares de inmigrantes irregulares. Pero Sánchez dio ayer la verdadera dimensión de la crisis con una declaración institucional en la que reconoció el alcance diplomático y de seguridad nacional de la situación. Garantizó «la máxima firmeza» en la respuesta y prometió poner «todos los medios necesarios» para garantizar la integridad territorial de España, la inviolabilidad de las fronteras y la seguridad ciudadana.

Aunque utilizó la palabra «desafío», el presidente del Gobierno recurrió al lenguaje diplomático para atemperar los ánimos con Marruecos, «un país socio y amigo» al que España dedica una atención preferente, «y así debe seguir siéndolo».

En paralelo, la ministra de Asuntos Exteriores citó en su despacho a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, para pedir explicaciones por la apertura de la frontera. González Laya, según explicó ella misma, transmitió a la diplomática «el disgusto y rechazo» del Gobierno por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, y reclamó el «compromiso» de Marruecos para recibir a las personas que sean devueltas por España. Pero no debió ser una reunión apacible. Poco antes de la cita con la ministra, Benyaich avisó al Gobierno de Sánchez: «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir».

La embajadora tocaba así al epicentro de la crisis, un epicentro que el Gobierno no quiere ni verbalizar. Se refería al ingreso en un hospital de Logroño de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, el movimiento independentista del Sáhara Occidental. El pasado 18 de abril, un avión procedente de Argel aterrizó en Zaragoza. Su pasajero era Gali, enfermo grave de covid. Fue trasladado al hospital San Pedro de la capital riojana con identidad falsa. Pero la operación secreta de Madrid y Argel fue destripada a los pocos días. Marruecos protestó ante España y la ministra de Asuntos Exteriores alegó «razones humanitarias». Rabat tomó «buena nota» y aguardó el momento de dar su respuesta.

Para el Gobierno, no hay relación causal entre el caso Gali y Ceuta. Sin citar su nombre, el líder del Polisario, a lo sumo, puede ser una de las «múltiples circunstancias» que han concurrido en la crisis, según Fernando Grande-Marlaska. El ministro del interior se opuso a su tratamiento médico en España por las consecuencias negativas que podría tener en las relaciones con Marruecos. González Laya impuso su criterio a pesar de que las relaciones bilaterales no pasan su mejor momento.

Desde que el pasado 10 de diciembre, Estados Unidos, en uno de los últimos actos de Donald Trump, reconoció la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental, Marruecos ha presionado a España para que siguiera el mismo camino. El Gobierno de Sánchez se negó y el rey Mohamed VI canceló la reunión bilateral de alto nivel que debía celebrarse el 17 de diciembre en Rabat. La excusa, la pandemia. Se aplazó hasta febrero, y tampoco se ha celebrado.

Sánchez llegó a Ceuta minutos antes de las cinco de la tarde, antes había aterrizado Grande-Marlaska, y ambos se reunieron con los mandos de la Policía y la Guardia Civil. Además se vio con el presidente ceutí, el popular Juan Vivas. Todo en escasa hora y media para volar después a Melilla. Unas visitas testimoniales que, sin embargo, pueden caldear más la tensión con Rabat, que reivindica su soberanía sobre ambas ciudades, y que ya protestó con vehemencia cuando José Luis Rodríguez Zapatero las visitó en 2006.

El fantasma de la multitudinaria marcha verde que impulsó el rey Hassan II en los estertores de la dictadura franquista para abortar el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental sobrevoló el imaginario de algunos en la Moncloa, pero a última hora de la tarde la situación tendía a normalizarse en Ceuta con la tímida colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes.