Las «patrullas militares de presencia», sin competencias ni capacidad sancionadora

La norma aprobada por el Gobierno el 14 de marzo atribuía a los efectivos de las Fuerzas Armadas que participan en la 'operación Balmis' categoría de «agentes de la autoridad», y se entendía que con las «patrullas mixtas» se les dotaba de todas las competencias para ejercer ese cometido policial en la vía pública. Nada más lejos de la realidad.

De forma inicial, los uniformados, en especial los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se desplegaron para realizar tareas de desinfección en infraestructuras del Estado y luego, a demanda de las administraciones autonómicas, ampliaron su cometido a otros lugares como residencias de ancianos, hospitales o centros de salud.

La UME dejó paso poco a poco a la intervención de los ejércitos, con el de Tierra a la cabeza. Se amplió el plan de actividades con la vigilancia de centrales nucleares, puertos y aeropuertos, logística hospitalaria o limpieza de edificios públicos. Este fin de semana pasado se alcanzaron las cerca de 11.000 intervenciones en más de 1.200 localidades de todo el país. Unas laborales anpliamente documentadas por el departamento de Margarita Robles y replicadas en los medios de comunicación.

Entre esos nuevos cometidos también se encontraban las tareas «de presencia y reconocimiento», 2.876 en total hasta este domingo, según los datos facilitados por Defensa. Comprenden todas las actividades de patrulla realizadas, exceptuando aquellas de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han supuesto 174 actuaciones.

El 30 de marzo se anunciaron las primera «patrullas mixtas» entre Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 87 municipios. Desde el ministerio no explicaron cómo se iban a llevar a cabo, ni cómo ni quién ejercería el mando en caso de tener que detener un vehículo o filiar a un viandante para comprobar si estaba cumpliendo el estado de alarma.

«Darán más de un problema. Falta cobertura legal, protocolo de actuación y formación. La improvisación en temas de seguridad ciudadana es peligrosa», advertía entonces Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

Las primeras fricciones llegaron con el significado mismo de estas «patrullas mixtas» anunciadas por Defensa. Una orden de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, de 27 de marzo, explicaba que los militares no pueden multar ni detener y que tenían que requerir a los policías para que lo hicieran. Se amparaba tanto en la normativa del decreto como en la propia Constitución española. Y dos episodios de propuestas de sanción de militares en Fuerteventura -la Delegación del Gobierno en Canarias no ha tramitado 23 atestados por vulnerar sus competencias- y en Pamplona acabaron por defenestrar este binomio de colaboración.

En Defensa no cayó bien que relegaran a sus efectivos a un segundo plano, y el 3 de abril el oficial del ministerio que acudía a las reuniones del centro de coordinación (Cecor) dejó de ir. Entonces, el departamento de Robles decidió contraatacar con una nueva denominación, «patrullas de presencia», para lograr su objetivo inicial: exhibir músculo castrense en la vía pública -con el consiguiente gasto que supone- pese a que en Interior consideran que policías y guardia civiles se bastan para esta tarea.

Fuentes militares consultadas justifican estas «patrullas de presencia», que no tienen capacidad sancionadora, en ayudar al cumplimiento de las medidas recogidas en el decreto del estado de alarma: conocer las distancias de los viandantes, vigilar las salidas a la calle, supervisión de vehículos, etcétera. «No actúan como misiones de seguridad ciudadana», admiten. Pero fuentes jurídicas replican que esta labor es propia de las atribuciones policiales y llevan el debate al protagonismo político y mediático de Defensa.