Los partidos se rearman para la segunda mitad de la legislatura

Los socialistas creen que la recuperación económica, el fin de la pandemia y la transformación que pretende impulsar el Ejecutivo al calor de los millonarios fondos europeos les permitirá dejar atrás el desgaste evidenciado en las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid, pero también asumen que una mayoría absoluta es impensable y que la caída en picado de Cs otorga al PP una ventaja no menor.

El PSOE está pacificado y los críticos, silenciados desde que Sánchez se impuso a Susana Díaz en las primarias de 2017. Pero en la memoria del partido aún está presente el desgarro que supuso aquella batalla, colofón de una guerra fraticida que comenzó muchos años antes, cuando en 2011, en plena crisis financiera, los españoles dieron la espalda al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y otorgaron el poder a Mariano Rajoy. Sánchez quiere evitar una espiral similar.

El líder del PSOE -que ha recuperado el vínculo con quien ocupó la secretaría de Organización y otros cargos clave en esos años convulsos, su hoy jefe de gabinete, Óscar López-dio en julio pasos para cerrar heridas al incorporar al Gobierno voces que no lo apoyaron en 2017 y ahora pretende ahondar en ese camino reduciendo una ejecutiva de fieles que, a la postre, han tenido un papel limitado. Como anticipo, Adriana Lastra, que se mantiene como vicesecretaria general del partido, cederá ya la portavocía del Congreso al hasta ahora responsable de Exteriores, Héctor Gómez, y la catalana Eva Granados tomará el protagnismo en la Cámara alta, siempre que el Parlament la designe senadora.

El PP prepara a lo grande su convención nacional en Valencia. Pablo Casado, subido a la ola de las encuestas que apuntan a un claro triunfo de su partido en las próximas elecciones generales, pretende que el cónclave sea la antesala de su mudanza a la Moncloa. El optimismo que rezuma la dirección ha llevado al secretario general a anunciar que «ya están diseñando los primeros Consejos de Ministros de Pablo Casado como presidente del Gobierno». Vender la piel del oso antes de cazarlo rara vez es un acierto, pero el triunfalismo, justificado dicen, se ha instalado en la calle Génova.

Los populares recuperarán para cerrar su convención uno de sus espacios icónicos, la plaza de toros de Valencia, escenario de los mítines más multitudinarios de José María Aznar y Mariano Rajoy con Francisco Campos y Rita Barberá de maestros de ceremonias. Será el colofón de una larga convención que comenzará el 27 de septiembre con mesas de debate previas en Santiago de Compostela, Valladolid, Madrid, Córdoba y Cartagena.

Casado quiere exhibir en la capital valenciana «la reunificación del centroderecha», por fagocitación de Ciudadanos, y sin que se pueda descartar algún golpe de efecto que guardan con celo en la dirección nacional. No será una asamblea con impacto orgánico, no habrá cambios en la estructura de mando de la organización.

El líder del PP, al calor de la victoria en Madrid y de la estela de triunfos en los sondeos, atraviesa una etapa dulce en el partido. Las críticas a su estrategia de oposición y las dudas sobre su liderazgo son marginales. El sanedrín de los barones, donde mejor se toma la temperatura interna, está pacificado. Todos están con Casado. La figura emergente de Isabel Díaz Ayuso, en la que algunos vieron una amenaza a su liderazgo, no va a suponer un problema.

La convención nacional se va a sustanciar en un acto de reafirmación popular y de orgullo de partido. No hay asuntos polémicos ni debates abiertos. En Valencia se aprobarán una serie de documentos con las aportaciones hechas en las mesas de debate por expertos en diferentes materias, «miembros de la sociedad civil» y también miembros del PP. Unos textos que deberían ser la base del programa electoral de 2023.

Pero sobre todo se trata de una convención a mayor gloria de Casado, que servirá para escenificar la unidad del partido y para mostrar que su líder va a ser el próximo inquilino de la Moncloa.

Vox prepara su maquinaria para tratar de contener el ascenso del PP, pese a que necesita a los populares para gobernar. Para recuperar fuelle, la formación de Santiago Abascal ha convocado un acto multitudinario en Madrid con el que pretende contraprogramar la convención de los conservadores y hacer una demostración de fuerza. Se celebrará el 9 y 10 de octubre con el título 'Viva21' y movilizará a sus bases y a organizaciones de la sociedad civil bajo el lema 'España en pie'.

Frente a los «discursos ideológicos» de la izquierda, Santiago Abascal y el resto de la cúpula de Vox presentarán su particular «agenda» para España, una suerte de programa electoral preliminar con la vista puesta en las próximas elecciones generales y en las autonómicas andaluzas, que servirán de termómetro político nacional.

La formación ultraderechista hará del empleo juvenil, de la familia y de la conservación rural sus principales estandartes políticos, en una estrategia en la que también se abordará una férrea defensa de las «tradiciones y costumbres» y del «patrimonio» de España, que los de Abascal reivindicarán bandera en mano a través de diversos «actos culturales» en las 52 provincias. «Es hora de volver a valorar el patrimonio que hemos heredado. De saborear el producto de nuestro campo. De escuchar la música de nuestras fiestas. De sentir nuestras tradiciones», insisten en el partido.

Las encuestas dicen que PP y Vox sumarían hoy escaños suficientes para gobernar juntos pero Pablo Casado quiere llegar a 2023 en una posición de ventaja semejante a la que logró Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas de mayo para tener la oportunidad de formar gobierno en minoría y depender lo justo de la derecha extrema.

Los de Abascal lo saben. Así que ya han puesto en marcha su estrategia que pasa por presentar al PP como la otra cara del PSOE. «Son indistinguibles», aseguró el líder de Vox en su reaparición tras el parón estival, reivindicándose como la única esperanza de los votantes de derechas.

En Vox son conscientes de que tienen que retener todo el voto posible si quieren salir de las próximas generales en condiciones de someter al PP a sus exigencias y se van a esforzar a lo largo del próximo curso político en sacar a la luz las supuestas contradicciones de los de Casado tanto como en denunciar en el Congreso y en los tribunales las políticas del Gobierno de coalición.

El pasado 13 de junio, Unidas Podemos cerró su asamblea ciudadana, bautizada como Vistalegre IV, y se adentró en terreno desconocido. La formación morada, para bien o para mal, había ido de la mano de Pablo Iglesias en sus siete años de vida. Esa referencia desapareció el 4 de mayo por la noche con la retirada de la política del líder y fundador del proyecto.

La gran duda que tienen en Podemos es si podrán superar la orfandad. Su presencia en el Gobierno de coalición otorga al partido un plus de visibilidad pública, las encuestas posteriores no detectan un desplome de sus expectativas de voto, aunque tampoco revierten la tendencia declinante, la bicefalia entre la vicepresidenta Yolanda Díaz, sin ningún cargo orgánico dado que no es afiliada, y la nueva secretaria general, Ione Belarra, no ha levantado las chispas que algunos pronosticaron.

Pero el porvenir es incierto. Vistalegre IV no fue una asamblea cargada de ideología ni vieron la luz documentos políticos fundamentales para el futuro del partido. Fue una operación de relevo en el puente de mando de la organización, sin apenas caras nuevas y con la vieja guardia en sus puestos de siempre.

El futuro pasa por no sucumbir al abrazo del oso del PSOE, preservar las señas de identidad dentro del Gobierno y demostrar que Unidas Podemos sigue siendo una herramienta política útil. Unos objetivos que descansan en buena medida en las espaldas de Yolanda Díaz, que, mientras deshoja la margarita de ser la próxima candidata electoral, es el rostro de Unidas Podemos ante la escasa relevancia pública de Belarra y del resto de dirigentes.

Bajo toneladas de tierra la aspiración de convertirse en el partido hegemónico de la derecha, Ciudadanos pelea ahora por su supervivencia política, afianzando el ideario liberal y con la remota esperanza de volver a ser un partido bisagra. «El nuestro es un espacio que no puede representar ningún otro partido», afirmó Inés Arrimadas el pasado julio durante la clausura de una convención nacional con aroma a funeral. Un cónclave con el que la líder liberal intentó insuflar ánimo tras los batacazos electorales de Cataluña y Madrid y de paso coser las heridas internas que dejó tras de sí la esperpéntica moción de censura en Murcia.

Durante dos días, los liberales se conjuraron para levantar al nuevo Ciudadanos y apuntalar la hoja de ruta a seguir en los próximos años con la que buscan reivindicar un espacio propio, distinto al del PP. «No tiene nada de malo ser conservador pero no tiene nada de liberal ser conservador», zanjó Arrimadas cerrando la puerta a cualquier fusión con el partido de Pablo Casado.

En Ciudadanos existe la convicción de que su espacio político tiene en España un hueco electoral, pero reconocen que la falta de cultura liberal dificulta la empatía con los votantes. «Aquí se habla de liberal en términos económicos. Pero nada más», lamentan en la cúpula naranja.

En esta nueva etapa, los liberales entrarán en la batalla por el voto verde, con propuestas enfocadas a incentivos fiscales y desgravación para empresas que potencien prácticas en favor de la transición energética. Entienden que ésta es una bandera con la que diferenciarse del PP, igual que otros grandes asuntos sociales como las reivindicaciones LGTBI o la eutanasia. Lo tiene muy difícil.