El PP ve tras la propuesta del Gobierno un intento de desgastar a Casado

Apenas tardaron los populares en devolver la pelota hacia el otro lado del campo. El secretario general no sólo tachó de «cortina de humo» e incluso de «plagio» la propuesta gubernamental a falta de concreción, sino que extendió la sombra de la sospecha. «El presidente del Gobierno -acusó- ha lanzado esta iniciativa como parte del pacto oculto con los nacionalistas».

En el razonamiento de Teodoro García Egea, el jefe del Ejecutivo estaría buscando la manera de liberar a los independentistas del Tribunal Supremo. Despojados de su aforamiento, explicó, acabarían en los juzgados ordinarios de Cataluña. «El señor Quim Torra no está cómodo con que lo juzgue el magistrado Pablo Llarena, ya lo hemos visto, y el señor Pedro Sánchez quiere que los golpistas, los que han quebrantado la ley en Cataluña escapen cuanto antes del Supremo (…). Está claro que Pedro Sánchez no quiere que el juez Llarena siga juzgando al señor Torra, al señor Puigdemont y a todos los golpistas», trasladó en rueda de prensa tras el comité de dirección del PP.

En realidad, cuando la Justicia comenzó a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont, a su número dos en la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los exconsejeros, ninguno era aforado. La causa entonces la llevaba, no un juzgado ordinario, sino la Audiencia Nacional por el tipo de delitos que entraban en juego. En cuanto a Quim Torra, ni siquiera está inmerso en ningún proceso judicial.

No es la primera vez, en todo caso, que el PP recurre al desafío independentista para llamar la atención sobre el riesgo de emprender una reforma constitucional como la que exige la supresión de los aforamientos. Ya en 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy advertía de que cualquier cambio en la Carta Magna deberá ser sometido a referéndum si así lo solicitan 35 diputados o 27 senadores. Su temor radicaba en que la consulta pudiese ser utilizada por el secesionismo como un plebiscito sobre la Constitución misma.

Esos recelos se abordaron aquel año con Ciudadanos porque uno de los puntos del pacto de investidura suscrito por el PP y los liberales contemplaba la eliminación de los aforamientos. Pero así y todo, incluso los populares fijaron en su programa electoral el «compromiso» de reducir el número de personas con un tratamiento judicial diferenciado.

Ahora no es un compromiso libre de condiciones. En estos momentos, el PP exige al PSOE un acuerdo para suprimir los aforamientos políticos en toda España. Es decir, que ambos partidos impulsen reformas estatutarias en los parlamentos autonómicos para hacer desaparecer esa figura de manera global y ningún dirigente -socialista o popular- pueda disfrutar de esa protección. «Creo que nadie entendería que se eliminaran en el Congreso y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, siguiera aforada en el Supremo», apuntó García Egea. Además, defendió que el Rey y el Poder Judicial queden excluidos de esta propuesta.

El secretario general recordó que, al contrario de lo que hace el PSOE andaluz, el PP si apoyó acabar con este fuero en la Región de Murcia. En aquel caso, sin embargo, se vio forzado por Ciudadanos.