La mesa del Parlament acuerda querellarse contra Llarena

La querella es la repuesta jurídica de los grupos indepedentistas a la negativa del juez Llarena a autorizar la salida de prisión de Sànchez o a la posibilidad de que se sometiera a la votación de investidura por vía telemática. Tras el anuncio del juez, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, aplazó este jueves sine die el debate de investidura, que estaba convocado para esta mañana. En su lugar, el presidente del Parlament convocó una Mesa extraordinaria para dar respuesta a la «vulneración de derechos del Tribunal Supremo».

Torrent propuso Sánchez como candidato el pasado sábado 7 de abril. El lunes 9 de abril, convocó el pleno y envió un escrito al magistrado del TS, Pablo Llarena, para reclamar el derecho de Sànchez a participar en la investidura.

La decisión de impulsar una querella la han adoptado los dos grupos secesionistas que tienen mayoría en la mesa. JxCat y ERC han hecho valer su mayoría, a pesar de la negativa expresada por la oposición, en este caso Cs y el PSC. Los letrados de la Cámara también se han pronunciado en contra, según fuentes de la oposición. Los juristas han recomendado a los grupos secesionistas que pidan un informe a un experto penalista, pero la iniciativa ha sido rechazada. Ciudadanos y el PP han apuntado que la presentación de la querella contra Llarena podría ser constitutiva de un delito de malversación.

El argumento de la formación naranja y de los populares es que la Cámara podría destinar fondos públicos para una cuestión que entienden es de interés particular y no de interés público. Ciudadanos ha apuntado que podría haber otras vías para presentar adecuadamente la querella, como que la impulse el propio Sànchez o los grupos políticos por su cuenta, pero no la Cámara catalana como institución. Desde la oposición, además, han apuntado que la querella no tendrá ningún recorrido jurídico y que no será admitida a trámite.

Fuentes de ERC, en cambio, han señalado que la querella es en defensa de los intereses públicos de todos los diputados a poder presentarse como candidatos. Los derechos de todos están vulnerados, han opinado.

Asimismo, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha acusado a Torrent de «secuestrar» la institución para ponerla «a los pies» y al servicio de Puigdemont, que es «un huido de la justicia». Ha considerado «una barbaridad» la presión que se está haciendo a los jueces «desde lo que debería ser el poder legislativo», y también la «presión» en la calle contra jueces, sus familias y los políticos «que no somos separatistas». Así como la «fractura» que se está produciendo en Cataluña y el hecho de que «los separatistas no asuman que su proyecto ha fracasado y siguen empeñados en llevarnos a la fractura social, al enfrentamiento y a la ruina económica».