El Parlament investigará si hubo «ilegalidades» al aplicar el 155

Magda Casamitjana (ERC) ha explicado que su partido tiene «indicios y sospechas» de que el Gobierno central actuó al margen de la ley; y Gemma Geis (JxCat) ha asegurado que hubo una persecución ideológica contra trabajadores de la Generalitat, entre otras consecuencias negativas.

Según la propuesta registrada por JxCat y ERC y con aportaciones de la CUP, la comisión deberá analizar la legalidad en la aplicación de «cada una de las medidas concretas» que adoptó el Gobierno central durante los siete meses de 155.

También analizará si hubo vulneración de los derechos fundamentales de ciudadanos, entidades e instituciones, buscará «cuantificar los daños por las medidas aplicadas» e indagará si se pueden determinar responsabilidades penales. Además, deberá evaluar el marco jurídico y político del Estado -el Tribunal Constitucional, la Constitución y el FLA- para determinar cómo «limitan la soberanía del Parlament y del Govern de la Generalitat».

Casamitjana (ERC) ha responsabilizado al 155 de que haya líderes soberanistas en la cárcel y otros en el extranjero; que haya 251 cargos de la Generalitat cesados y 92 afectaciones en la contratación pública -según sus datos-, y ha resumido que ha provocado un «malestar inmenso».

Geis (JxCat) considera que el 155 fue un «golpe a la democracia» que provocó indefensión jurídica en la Generalitat, afectaciones en el funcionamiento del día a día de la administración, el freno a conciertos y subvenciones, la parálisis del apoyo a la internacionalización y burocratización.

El diputado de la CUP Carles Riera ha apoyado la comisión pero ha advertido de que solo la independencia podrá reparar la pérdida de autonomía vivida con el 155 y que «solo la república restituirá la dignidad de las instituciones y permitirá un verdadero autogobierno».

La portavoz de los comuns, Elisenda Alamany, ha pedido que la comisión no sirva solo para mirar el pasado, sino para abrir «una nueva época» para que entre todos los partidos catalanes se busque dar un nuevo futuro consensuado a los catalanes.

Ferran Pedret (PSC) ha acusado a los independentistas de plantear una comisión sesgada de inicio, y les ha reprochado que ellos fueron los primeros en saltarse las normas cuando aprobaron la ley de transitoriedad jurídica: «Intentaron desposeer a los ciudadanos de los derechos políticos y civiles que están amparados en el Estatut y la Constitución».

Roldán (Cs) se ha preguntado cómo los independentistas dudan de la legalidad de un artículo de la Constitución, y ha afirmado: «Se olvidan de un detallito: Puigdemont y los suyos dieron un golpe a la democracia y ustedes actúan como si no hubieran roto un plato».

El popular Alejandro Fernández ha defendido que el 155 se aplicó de forma correcta para que la administración prestara los servicios que corresponden, y ha acusado a los independentistas de solo querer «refunfuñar, refunfuñar y refunfuñar», lo que, a su juicio, es la historia del nacionalismo catalán.