La parálisis política impacta en instituciones clave

La formación de un Ejecutivo en plenitud de facultades no tiene por qué ser garantía, es cierto, de que por fin vaya a ser posible acometer la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial y, con ella, del presidente del Tribunal Supremo. Se trata de un asunto que depende del acuerdo de dos tercios de Congreso de los Diputados, pero sin que se clarifique el panorama político parece difícil que los grupos políticos se pongan a hablar. El pacto será, esta ocasión, además, doblemente complicado porque por primera vez los votos de PP y PSOE no bastarán. Así que será necesario el concurso de Podemos, en las antípodas de los populares, o de Ciudadanos, que no comparte el sistema de elección.

Dependiendo de lo que cueste desatascar la investidura y de si finalmente hay que ir o no a elecciones el 10 de noviembre, también puede verse afectado el Tribunal Constitucional, clave para hacer frente a los desafíos que, según teme el Gobierno, pueden desatarse a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'. En noviembre acaba el mandato de cuatro magistrados, entre ellos el presidente, Juan José González Rivas. Y como en el caso del CGPJ es necesaria una mayoría de tres quintos en la Cámara baja que por sí solos no alcanzan populares y socialistas.

Dejando a un lado las instancias y órganos judiciales, el bloqueo también obligará a mantenerse en el cargo a la Administradora única de RTVE, Rosa María Mateo. Su designación se produjo hace un año después de que el Gobierno de Sánchez aprobara un decreto ley para forzar la renovación del consejo de administración, que ya había concluido su mandato y estaba presidida por José Antonio Sánchez, afín al PP. Se suponía que era una solución provisional hasta poner en marcha un mecanismo de concurso público para elegir a un nuevo órgano de gestión. Pero en todo un año el acuerdo de los grupos para llevarlo a cabo no ha sido posible y con el Gobierno en funciones es aún menos probable que se logre.

En el plano político, Sánchez no puede nombrar nuevos ministros, así que cuando Meritxell Batet fue elegida presidenta del Congreso, el ministro de Agricultura, Luis Planas, tuvo que añadir el Ministerio de Política Territorial a sus responsabilidades. En noviembre puede ocurrir algo semejante con un ministerio de Estado, el de Exteriores, cuando Josep Borrell se vaya para ocupar el puesto de Alto Representante para la Política Exterior y la Defensa de la UE.