Page se une al PP contra el reparto de menores de Junts y el Gobierno agita el Código Penal

La convalidación de la reforma de la ley extranjería pactada por el Gobierno con Junts para un reparto de 4.400 menores inmigrantes en el que Cataluña tendrá que acoger a un número de niños y adolescentes muy inferior al de la mayoría de comunidades tendrá lugar en menos de treinta días en el Congreso. Su ejecución, con varios gobiernos autonómicos a la contra, puede tardar mucho más. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, solo se atrevió este miércoles a afirmar que su voluntad es poderla aplicar en 2025. Aunque, a modo de advertencia, aseguró que quienes quieran ponerle trabas tendrán que asumir consecuencias administrativas e incluso penales.

El Ejecutivo cree que a la postre todos los gobiernos cumplirán, pero asume que el PP, al frente de once comunidades autónomas, planteará un «frente común» para tratar de obstaculizar la medida. Este miércoles fueron varias las regiones que se quejaron de que sus redes de acogida están ya desbordadas y anunciaron su intención de recurrir ante los tribunales el real decreto ley, como ya hizo la víspera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no solo lo hicieron las de signo popular. También el socialista Emiliano García-Page aseguró que los servicios jurídicos del Gobierno de Castilla-La Mancha estudia posibles actuaciones.

Page, la única voz crítica que aún queda al timón de una federación del PSOE, ya se mostró enormemente enojado hace dos semanas con el acuerdo sellado por su partido con Junts para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat, tanto por lo que afecta a la estructura del Estado como por el tono xenófobo que a su juicio desprende el preámbulo de la proposición de ley en la que quedó plasmado; un reproche que comparten la mayoría de fuerzas de izquierda en la Cámara baja. Este miércoles, el presidente castellanomanchego volvió a cargar contra Sánchez por firmar un acuerdo que es, dijo, «cualquier cosa menos progresista». Y avisó: «Vamos a ser solidarios, pero tontos no».

El Gobierno insiste en que aún es pronto para conocer las cifras del reparto y si los números de los que presume la formación independentista – entre 20 y 30 menores inmigrantes para Cataluña y más de 700 para Madrid– son buenos, pero reprocha al PP que critique el pacto anunciado este martes después de haberse levantado de la mesa de negociación hace meses; alegan que ante la situación de emergencia tenían que encontrar una solución, y disculpan el discurso de los de Puigdemont. «¿Qué incentivo podían tener ellos para pactar esto?», esgrimen.

El ministro Torres argumentó además en la Sexta que los criterios por los cuales se hará la distribución de los menores no puede ser más «transparentes» y aseguró que el Gobierno está dispuesto a que el decreto se tramite como proyecto de ley «con aportaciones del PP».

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