Page lleva adelante su desafío y recurre la amnistía al TC a la par que las autonomías del PP

Page ya anunció el 31 de mayo, tan solo 24 horas después de la aprobación de la amnistía a los encausados del 'procés', su intención de acudir al máximo intérprete de la Carta Magna. Pero su Consejo de Gobierno no acordó oficialmente hacerlo hasta el 30 de julio, una vez obtenido el aval del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Ese mismo día fue también en el que el presidente regional inició su ofensiva contra el pacto suscrito por el PSC y ERC para investir a Illa a cambio de una «financiación singular» para Cataluña, un pacto que este sábado calificó de «más egoísta que socialista». «Ni me vincula ni me representa», dijo entonces. Transcurrido un mes, y casi a punto de que venza el plazo para poder acudir a la corte, este miércoles 11 de septiembre, ha consumado el desafío.

Este sábado, en Ferraz, Page hizo una advertencia a los suyos en un discurso muy duro que, no obstante, pocos en su partido secundan, al menos públicamente. «Aquí todos queremos que no gobiernen Vox y el PP –dijo en alusión a uno de los principales argumentos esgrimidos por Sánchez en su día para dar un giro de 180 grados a su posición respecto a la amnistía–, pero eso no es un cheque en blanco para jugar con los valores del PSOE». «No se pueden poner patas arriba los consensos constitucionales para tener gobiernos», insistió.

Aunque distintos barones coinciden en el rechazo al pacto fiscal con ERC, casi ninguno –con la excepción del expresidente de Aragón Javier Lambán, que se prepara para ceder en el próximo congreso del partido la secretaría general– comparte la beligerancia con la que Page se expresa. En el caso de la amnistía, su posición es mucho más minoritaria, a pesar de que el propio Gobierno tildaba la medida de inconstitucional antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 que dejaron a Sánchez a expensas del independentismo. Su firmeza a la hora de rechazarla le ha valido que la dirección del partido, pero también otras federaciones, le acusen de «hacer el juego al PP».

En el Gobierno castellanomanchego niegan cualquier connivencia con el primer partido de la oposición. Su portavoz, Esther Padilla, encargada de avanzar este lunes la presentación del recurso, recordó que el órgano encargado de resolver las consultas del Gobierno regional y velar por el ordenamiento jurídico fue «muy contundente» en cuanto a la legitimidad de la comunidad autónoma para llevar al Constitucional la norma por la que se borran todos los delitos que contribuyeron al 'procés' durante más de una década –algo pactado por Pedro Sánchez hace un año a cambio del apoyo de Junts y ERC a su investidura, porque «es una ley que rompe con el principio de igualdad entre los ciudadanos» consagrada en el artículo 14 de la Constitución. El Consejo Consultivo manchego consideró además que la amnistía habría requerido una reforma constitucional y que vulnera los principios de interdicción de la arbitrariedad.

El artículo 14 también es el esgrimido por la mayoría de las comunidades populares para ir al Constitucional. Este lunes lo hicieron Andalucía, Aragón, Madrid, Murcia, Galicia, Cantabria o la Comunidad Valenciana y está previsto que hoy lo haga La Rioja. Algunas de ellas, como el propio PP, piden además las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo (exministro de Justicia) y Laura Díez (exalto cargo de Moncloa).