Un pacto que incide en la carpeta social y orilla las del soberanismo

Esta mejora ha sido el principal punto de desencuentro en las negociaciones entre ambas formaciones y la medida estrella del pacto. Se trata de la primera reducción de la jornada laboral desde 1984 y su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025.

A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.

El pacto continúa apostando por la movilidad sostenible y el transporte público, garantizando que sea asequible para las personas que más lo necesitan. De esta forma, se mantiene para todos los ciudadanos la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024. El objetivo para más adelante es transformar estea medida en una política de transporte permanente para determinados colectivos, con la cofinanciación de las Comunidades Autónomas y la administración local.

También recoge una reforma fiscal «justa» que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público. De esta forma, se revisarán los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, «para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».

El acuerdo desarrollará las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de los precios, incluyendo tanto los incentivos fiscales como los mecanismos de regulación de los alquileres. Definirá el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, «para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres». En esa línea, consolidará el Bono Alquiler Joven.

Asimismo, el texto recoge la revisión de la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas.

Aumento del parque público de vivienda con el objetivo de que alcance el 20% del total, con los jóvenes en el centro del acceso a la vivienda y se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía. Para dicho objetivo, se contará también con la vivienda que actualmente es propiedad de la Sareb.

Se amplía hasta 37.800 euros el umbral de renta media para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas: ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de cuota de 1 año.

Reforzar el sistema público de salud para reducir las listas de espera. Para ello, impulsarán un plan de choque para fortalecer la atención primaria que permitirá a las comunidade autónomas aumentar plantillas, mejorar infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios.

Se establecerán por ley unos tiempos máximos de espera: 120 días para para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años.

Se extiende el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16 y avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público.

Por otro lado, el texto incorpora la universalización de la educación de 0 a 3 años, con «la garantía de que el acceso a la educación pública para niños y niñas de dos años será para todos al final de la legislatura», así como el aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas.

Al final de la legislatura el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal. También se ampliarán las ayudas para comedor y la disponibilidad de actividades educativas extraescolares, así como el horario de apertura de los centros, en beneficio del alumnado, las familias y los docentes.

Puesta en marcha de una Estrategia Estatal de Desinstitucionalización y adaptación de la Ley de Dependencia para impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas dependientes, mejorando la calidad de la atención, personalizando los apoyos y priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial.

Se trabajará por garantizar el servicio de teleasistencia como derecho subjetivo y el cumplimiento del Acuerdo de Acreditación (el «nuevo modelo de residencias»), acordado con las comunidades autonómas en el seno del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Sumar rescata una de sus asignaturas pendientes de la pasada legislatura. El acuerdo ampliará, reformará y derogará «aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal)». En concreto, garantizará el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica introduciendo un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados. Esta nueva legislación priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes. Garantizará asimismo la libertad de información y la transparencia informativa.

El texto se compromete a trabajar activamente para favorecer las vías diplomáticas «que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina», en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respecto al derecho internacional. En concreto, apuesta por el reconocimiento del Estado palestino conforme a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014.