Julio López Laborda

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza

«El pacto para Cataluña puede hacer saltar todo por los aires porque multiplicará los agravios»

-Este pacto se sustenta en una impresión extendida entre los catalanes, el 'España nos roba' que alimentó el 'procés'. ¿Hasta qué punto es cierto o no que Cataluña está infrafinanciada?

-Creo que la clave del problema es otra. Entre algunos catalanes hay un deseo de retener una parte mayor de los ingresos generados en la comunidad autónoma y, como consecuencia, reducir la solidaridad con otras partes de España. Como esa pretensión no proyecta una buena imagen, la presentan bajo el disfraz de la corrección de un supuesto maltrato fiscal, que las cifras demuestran que no existe. Hay otras comunidades que están en una situación mucho peor.

-El actual mapa de la financiación autonómica data de hace una década sin que ni siquiera se haya encarado seriamente su actualización. ¿Quedó obsoleto, de hecho, desde que se alumbró?

-Desde mi punto de vista, no. El modelo de 2009 representó importantes avances, tanto desde la perspectiva de la autonomía tributaria -ampliando significativamente las competencias en los tributos cedidos-, como de la solidaridad -en especial, en la articulación de la nivelación en la prestación de los servicios públicos fundamentales-.

-¿Sufre el Estado de las Autonomías disfunciones serias en el modo en cómo se financia?

-Sin duda. Pese a los avances señalados, el sistema arrastra, en algún caso desde sus inicios, problemas de cierta envergadura, pendientes de resolver. Por señalar solo algunos: el reparto adecuado de recursos entre el Estado y el conjunto de comunidades autónomas, la supresión de la cláusula que asegura que ninguna comunidad va a perder ingresos al reformarse el sistema, la incorporación de asimetrías aceptables en un modelo que ha de ser necesariamente común o el acercamiento progresivo de los resultados de los regímenes común y foral.

-Y partiendo de este contexto, ¿la soberanía fiscal paulatina acordada por el Gobierno con ERC cae en el modelo como una piedra arrojada en mitad del estanque?

-Desde luego. La reforma ya es difícil sin ese elemento, porque las comunidades autónomas tienen intereses diferentes en materias distintas y se agrupan entre ellas sin atender a alineamientos políticos. Este preacuerdo puede hacer saltar todo por los aires, porque multiplicará, con razón, los agravios. En la España autonómica de 2024, lo razonable sería, como he sugerido, la incorporación de asimetrías al modelo general, no la salida de una comunidad de ese modelo. ¿O es que se va a ofrecer la misma posibilidad a todas las comunidades?

-¿Cuáles son, a su modo de ver, los puntos críticos del documento suscrito por el PSC y ERC?

-Hay varios. En primer lugar, la fragmentación de la Administración tributaria complicará la gestión de los grandes impuestos como el IRPF, el IVA o el de Sociedades, que son de ámbito nacional y, cada vez más, internacional; lo que puede facilitar la evasión y la elusión fiscal e incluso incrementar la competencia fiscal en algunos tributos. En segundo lugar, la aportación a los gastos del Estado y a la solidaridad no pueden determinarse a través de una negociación bilateral, porque afectan a todas las comunidades autónomas. Finalmente, estamos prestando poca atención al período transitorio hasta la plena aplicación del nuevo modelo. En ese período, deben incrementarse sustancialmente los ingresos de Cataluña y olvidarse de la población ajustada como indicador de las necesidades de gasto, para hacer valer el criterio de los ingresos per cápita. ¿Cuándo se va a hacer esta reforma transitoria? ¿Cómo va hacerse, también bilateralmente o en el marco de la reforma del sistema general de financiación, cuyo resultado ya se predetermina en parte?

-Y este viraje, ¿puede hacerse sin reformar la Constitución? ¿Basta con cambiar, si hubiera mayoría en el Congreso, la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas?

-Si lo que se ha acordado es lo que parece -es decir, un sistema de Concierto o Convenio-, es inconstitucional. El sistema de Concierto es la esencia de los derechos históricos, cuyo amparo y respeto la Constitución limita al País Vasco y Navarra. Esa limitación no puede superarse cambiando la Lofca. No nos debe engañar el hecho de que el acuerdo incorpore una aportación a la solidaridad. Esa aportación también es exigible de acuerdo con la normativa del Concierto y Convenio, pero no se aplica; o mejor dicho, se aplica muy defectuosamente, porque se considera que el único instrumento para hacer efectiva la solidaridad interregional es el Fondo de Compensación Interterritorial, obviando los mecanismos de nivelación.

-¿Hay modo de encajar lo cuantificable -que las comunidades reciban recursos suficientes, aunque no sean miméticos, para garantizar servicios homologables- con lo político -la reclamación de más autogobierno-?

-Además de la reclamación de más autogobierno, yo veo que hay un deseo de diferenciación de Cataluña con respecto a otras comunidades y de apropiación de una parte mayor de los ingresos generados en su territorio. Todo ello es posible dentro del modelo general de financiación.

-¿Las reivindicaciones del independentismo catalán pueden acabar perjudicando, paradójicamente, al Concierto vasco y el Convenio navarro?

-Creo que no. Mi impresión es que se asume con naturalidad la constitucionalidad de los modelos forales. Lo que no se entiende es que las comunidades forales no contribuyan, como deben, a garantizar que todas las comunidades puedan disponer de los ingresos que precisen para prestar niveles similares de los servicios de su competencia.

-¿Estamos avanzando, como dice el presidente Sánchez, hacia la «federalización» del Estado o esto empuja hacia una confederación encubierta?

-Si lo que se ha acordado es lo que parece, la afirmación del presidente debe de ser una broma. Hay muchas vías para profundizar en la federalización del modelo de financiación y muchos ejemplos en la experiencia comparada. Pero ningún país ha optado por una solución como la recogida en este acuerdo.