Pablo Llarena, un juez curtido en Cataluña

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la Carrera Judicial en 1989 y el año siguiente ascendió a la categoría de magistrado por oposiciones restringidas. Fue titular de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Torrelavega (Cantabria) y en Burgos, y juez de instrucción en Barcelona entre 1992 y 1998, fecha en la que se incorporó a la Audiencia Provincial. En 2011 fue elegido presidente de este órgano judicial, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Tribunal Supremo en enero de 2016, con solo 53 años. Uno de las designaciones más jóvenes de la Sala Segunda, la cúspide de la jurisdicción penal.

Por lo tanto, de sus 28 años en la judicatura 19 los ha pasado en Barcelona, donde ha cimentado su carrera. De ahí que una cuestión política paralela, como es el desafío independentista, no le coja emocionalmente desprevenido para instruir ahora la querella contra Carme Forcadell y los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament.

En 2000 fue nombrado profesor de Derecho Penal de la Escuela Judicial y entre 2003 y 2005 fue jefe de Formación Inicial del Consejo General del Poder Judicial. Es autor de diversos estudios en materia penal y ha colaborado en múltiples foros jurídicos nacionales e internacionales sobre la materia. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial le eligió por amplia mayoría -obtuvo 16 de los 21 votos- para ocupar una plaza de magistrado en la Sala Segunda del Supremo, vacante por la jubilación de Joaquín Giménez.

Autor de numerosos artículos jurídicos ha participado en obras colectivas como 'El derecho a la tutela judicial efectiva', 'La protección jurisdiccional de los derechos', 'Autonomía y Justicia en Cataluña' y 'La reforma del proceso penal'. Hace poco más de un año, como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo mayoritario de la Carrera y considerado conservador, defendía la reforma que acortaba los plazos de la instrucción penal para agilizar los procedimientos.

«No se puede someter a una persona a investigación, o someterla a proceso, por tiempo indefinido. No se pueden hacer investigaciones generales y mucho menos durante ocho o diez años. Excede lo que tiene que soportar una persona en un Estado de Derecho», afirmó en la revista Diario La Ley.