Los órganos institucionales se resienten del bloqueo

El órgano que preside Carlos Lesmes ejerce en funciones desde el pasado diciembre a la espera de que los partidos cierren un acuerdo para que el Congreso y el Senado puedan designar a sus veinte vocales. De ellos, doce corresponden al denominado turno judicial y otros ocho se escogen entre juristas de reconocida competencia. Aunque un giro de los acontecimientos evite finalmente la repetición electoral, la designación de los miembros del CGPJ no será sencilla. Se requiere una mayoría reforzada de tres quintos de las Cámaras (210 diputados). La actual composición responde a la aritmética bipartidista propia de 2013, cuando PP y PSOE tenían 219 escaños. Ahora sólo suman 189 por lo que necesitan de los votos de Unidas Podemos, en las antípodas de los populares, o de Ciudadanos, que no comparte el sistema de elección.

Si finalmente hay que volver a las urnas el 10 de noviembre, también puede verse afectado el Tribunal Constitucional, clave para hacer frente a los desafíos que, según teme el Gobierno, pueden desatarse a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'. En noviembre acaba el mandato de cuatro magistrados, entre ellos el presidente, Juan José González Rivas. Y como en el caso del CGPJ es necesaria una mayoría de tres quintos en la Cámara baja que por sí solos no alcanzan populares y socialistas.

La salida hace dos meses del general Sanz Roldán, tal y como marca la ley, tras culminar los cinco años de su segundo mandato, dejó al servicio secreto español en situación de interinidad. Hasta que un nuevo Ejecutivo designe al sucesor ha asumido sus funciones la secretaria general del CNI, Paz Esteban López. Aunque se especuló con la posibilidad de que Sanz pudiera continuar en funciones finalmente se descartó. Su continuidad sin la adecuada cobertura legal era inviable. Por su cargo el jefe del espionaje tiene que firmar documentos comprometidos -pago de fondos reservados, envío de agentes al extranjero- y sus facultades legales no pueden estar en entredicho.

El nuevo Ejecutivo se encontrará encima de la mesa también la tarea de nombrar al máximo responsable de la CNMC. El mandato de su presidente, José María Marín Quemada, de su vicepresidenta y tres consejeros venció el pasado lunes. Son mandatos para seis años no renovables, aunque pueden continuar en el sillón hasta que el Ejecutivo acuerde el relevo.

El caso del Defensor del Pueblo lleva camino de batir todos los precedentes de eventualidad prolongada.Francisco Fernández Marugán está en el cargo desde julio de 2017 cuando sustituyó a Soledad Becerril, la última titular elegida por el Congreso. Según establece la ley, terminado el mandato de cinco años del Deensor del Pueblo automáticamente pasara a desempeñar sus funciones el adjunto. El veterano dirigente socialista había entrado como 'número dos' deBecerril en 2012 a propuesta del PSOE y con el visto bueno del PP.

Es otro de los órganos clave que entra en prórroga de mandato de la mayoría de sus miembros. Compuesto por cinco consejeros (tres a propuesta del PP y dos procedentes del PSOE), solo uno tiene fecha de caducidad más allá de la legislatura, hasta 2021. De los otros cuatro ya hay dos en funciones: el presidente, Fernando Martí (desde diciembre), y Fernando Castelló (desde junio). A la vicepresidenta y exdiputada socialista Rosario Velasco, se le acaba el mandato en abril. En el caso del último miembro, Jorge Fabra, al cumplir los 70 años este mes de febrero tiene que dejar el cargo por jubilación reglamentaria.

El bloqueo también obligará a mantenerse en el cargo a la Administradora única de RTVE, Rosa María Mateo. Su designación se produjo en julio de 2018 después de que el Gobierno de Sánchez aprobara un decreto ley para forzar la renovación del consejo de administración, que ya había concluido su mandato y estaba presidida por José Antonio Sánchez, afín al PP. Se suponía que era una solución provisional hasta poner en marcha un mecanismo de concurso público para elegir a un nuevo órgano de gestión. Pero en todo un año el acuerdo de los grupos para llevarlo a cabo no ha sido posible y con el Gobierno en funciones es aún menos probable que se logre.