¿Quién ordenó las cargas del 1-O?

     Rajoy negó rotundo que participara o estuviera informado del operativo. Recordó que ni cuando fue ministro del Interior se inmiscuía en la planificación de los dispositivos policiales, y menos iba a hacerlo como presidente del Gobierno. Señaló que aquel primer domingo de octubre estaba en su despacho de la Moncloa, y siguió los acontecimientos por la televisión y los diarios digitales. La vicepresidenta, añadió, le informaba de los avatares de la jornada, pero él «nunca» se puso en contacto con el Ministerio del Interior.

Sáenz de Santamaría explicó al tribunal que estaba informada por el ministro del Interior y por el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Pero de ninguna manera se implicó en el diseño de la operación policial ni muchos menos ordenó a los agentes de lo que debían hacer.

Zoido se escabulló con el argumento de que no había «dado la orden de actuar» ni tampoco la de «dejar de hacerlo». Las decisiones, incidió el exministro, las tomaron «los (mandos) operativos. Ellos sabrán por qué». Defendió, de todas maneras, que los agentes se emplearon de forma «proporcional» a la resistencia encontrada.

El misterio podrá desvelarse la próxima semana porque están citados como testigos en juicio del Tribunal Supremo el exsecretario de Estado de Interior José Antonio Nieto y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O. Ambos estaban en Barcelona el día de autos. Pero tampoco es descartable que trasladen la responsabilidad a los mandos de la Policía y la Guardia Civil que mandaban las unidades antidisturbios.

De todos modos, la versión de Rajoy, Saénz de Santamaría y Zoido cojea porque al menos dos dirigentes políticos se dirigieron al Gobierno para que cesara la violencia policial. El líder del PSC, Miquel Iceta, se puso en contacto la mañana del 1 de octubre con la vicepresidenta para pedir que acabaran las cargas porque, además de ser «error político gravísimo», iban a estimular a más gente a salir a la calle. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, trasladó una petición similar al delegado del Gobierno en Cataluña. Desde el mediodía ya no hubo cargas policiales.

La intervención aquel día de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil dejó un número indeterminado de heridos. La Generalitat habló aquel domingo de 893 ciudadanos lesionados, cifra que tres días después elevó a 1.066 porque sumó a los que en días posteriores acudieron a ser atendidos en ambulatorios. «El balance de heridos no existe en Europa desde la II Guerra Mundial», exageró el entonces presidente de la ANC y hoy procesado, Jordi Sánchez. El Ministerio del Interior, a su vez, hizo un primer balance de 39 policías y guardias civiles contusionados. Pero 24 horas después subió el parte de heridos a 431. En el juicio a los líderes del 'procés' se han manejado dos referencias extremas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Coalu, se ratificó en los mil contusionados y el fiscal Javier Zaragoza rebajó los daños a dos heridos graves, uno por pelota de goma y otro por un infarto.

La culpa de todo aquello, sostuvieron entonces y ratificaron esta semana Rajoy y Sáenz de Santamaría, fue de la Generalitat y los líderes independentistas convocaron una consulta ilegal y llamaron a la ciudadanía a que fuera a votar a pesar de las advertencias del Gobierno. «Si hubieran cumplido la ley, no hubiéramos visto esas imágenes» de violencia policial, manifestó Rajoy en su declaración ante el Supremo de este miércoles. «Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y si no se hubieran tomado decisiones quebrantando la legalidad vigente», se hubiera evitado los incidentes, acotó Sáenz de Santamaría en su testimonio.