Operación en Málaga con 114 investigados por regadíos ilegales con Doñana al fondo

En este contexto, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desarrollado en Málaga un dispositivo contra los pozos que incumplen las normativa y el saqueo de agua que tiene como epicentro una serie de plantaciones de subtropicales en la comarca malagueña de la Axarquía.

Los números de la investigación son llamativos. La denuncia original presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente identifica a 114 personas que en estos momentos están siendo investigadas por el Seprona. Se trata de agricultores, empresarios o miembros de las comunidades de regantes.

Cerca de una treintena han pasado ya por la Comandancia de la Guardia Civil en los últimos días y han sido interrogados en calidad de detenidos en relación a estos hechos. Tras ello, han quedado en libertad bajo la advertencia de que serán citados a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez-Málaga, que dirige la investigación.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la Fiscalía de Medio Ambiente han confirmado a este periódico la operación, en la que se investigan delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (artículo 325 del Código Penal) y de distracción de aguas (artículo 247 del Código Penal).

Por una parte, se ha detectado la extracción clandestina de más de un millón de metros cúbicos de una masa de agua subterránea (denominada Metapelitas de Sierra Tejeda-Almijara) a través de tres pozos ilegales que han estado funcionando durante años y que se han utilizado para regar plantaciones de subtropicales, principalmente de aguacate.

Se da la circunstancia de que esa masa subterránea está «sobreexplotada» y su estado de conservación tiene la clasificación de malo, como destaca el propio Seprona en sus informes, donde recuerda que la Junta de Andalucía tiene declarada la situación de sequía prolongada desde junio de 2021, lo que ha obligado a establecer un periodo de restricciones.

«Estas conductas ilegales -subraya el Seprona- impiden a la administración autonómica medioambiental tener un conocimiento previo y preciso de las entradas y salidas de agua del acuífero que permitan llevar un debido control de la situación hídrica de la masa de agua». Los agentes calculan que el perjuicio al Dominio Público Hidráulico (DHP) causado sólo por estos tres pozos asciende a 343.644 euros.

La segunda infracción que investiga el Seprona se refiere al desvío de agua gestionada por varias comunidades de regantes, que administran este recurso a una serie de parcelas autorizadas. El problema es que, según los informes de la Benemérita, se ha utilizado ese agua en más de 220 hectáreas de superficie no autorizada en los últimos cinco años, lo que habría causado daños al dominio público hidráulico superiores al millón y medio de euros.

El Seprona aporta una cifra aún más reveladora: el total de aprovechamientos localizados en esa comunidad de regantes asciende a nueve, de los cuales siete (el 77% del total) son ilegales, lo que evidencia el «manifiesto desprecio al cumplimiento de la normativa».