La operación contra los CDR y el envío de antidisturbios abren una profunda crisis entre Interior y los Mossos

El desplante de los Mossos se produce tres días después de la operación de la Guardia Civil por terrorismo contra miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), que ha incomodado profundamente a la Generalitat, hasta el extremo que Quim Torra escribió al presidente Pedro Sánchez para recriminarle este operativo después de criticar duramente las detenciones de los CDR en sede parlamentaria como un intento de vincular el independentismo como el terrorismo.

La situación todavía se ha tensado más en las últimas horas, siempre a cuenta del operativo antiterrorista contra los CDR, después de que JxCat y ERC presentaran una propuesta de resolución en la cámara autonómica para que la Guardia Civil se retire de Cataluña.

En la Generalitat, explican fuentes del Gobierno autonómico, no han caído nada bien las últimas palabras de Sánchez. Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde un inicio intentó 'minimizar' las detenciones -evitó felicitarse por el operativo del instituto armado y se limitó a señalar que «se trata de una investigación judicial»- el propio presidente del Gobierno rompió esa estrategia de 'templanza' con los independentistas, exigiendo al president más rotundidad. «Si Torra no quiere que al independentismo se le relacione con acción violenta, tiene que denunciar, condenar y criticar cualquier uso de la violencia de cualquier grupo vinculado con el independentismo», dijo Sánchez, en unas declaraciones que han terminado de «colmar el vaso».

Pero -según explican responsables de ambas partes- ha habido otro detonante para llegar a esta crisis: la decisión de Grande-Marlaska de enviar 200 antidisturbios de la Policía Nacional (ampliable a 750) para garantizar la seguridad durante el 'otoño caliente' catalán. Aunque el ministro del Interior aseguró el miércoles que este operativo se está «coordinando» con los Mossos, responsables del cuerpo autonómico aseguran que este despliegue no solo no se ha pactado con la Generalitat sino que el Gobierno catalán «ni siquiera ha sido informado».

La inapropiada suspensión de la reunión llega en un “momento especialmente complicado para la seguridad en Cataluña”, según renunciaron mandos de la seguridad del Estado. En este encuentro los mandos responsables de Mossos, Policía y Guardia Civil debían estudiar la coordinación ante situaciones muy delicadas y en las que se prevén incidentes como son el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O o la publicación de la sentencia del procés contra los líderes independentistas que se espera para mediados de octubre. Todo ello –recordaron estas mimas fuentes – en un ambiente ya muy tensado por la operación Judas contra los CDR de esta semana.

La comisión, que no se reunía desde marzo, iba a estar presidida por la delegada del Gobierno Teresa Cunillera, y el secretario general de la Conselleria de Interior, Brauli Duart. Al frustrado encuentro, para darle un carácter operativo y no solo político, iban a asistir además de Cunillera, el director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; el jefe superior de Policía, José Antonio Togores, y el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Garrido.

Iban a representar a la Generalitat Brauli Duart; el director general de la Policía, Andreu Joan Martínez; el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, y el subjefe de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad, Jordi Ferret.

Sí que se ha celebrado esta mañana una reunión en la comisaría de Les Corts de Barcelona de menor nivel y carácter policial en la que han participado mandos de los tres cuerpos implicados. Según fuentes de este encuentro, el encuentro ha sido meramente protocolario, sin ningún tipo de avance.