El informe de la ONU sobre las 'leyes de concordia' reabre las hostilidades entre el Gobierno y el PP

El Gobierno, desde donde se internacionalizó la cuestión al denunciarla ante Naciones Unidas, ha visto la oportunidad de frenar estas leyes con la publicación de un documento al que PP y Vox no dan credibilidad precisamente por estar firmadopor tres relatores:Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz. En la ONU, de hecho, recuerdan que se trata de una figura de «expertos independientes que hacen este tipo de informes de forma voluntaria». Por lo que este tipo de documentos, puntualizan, «no expresan una postura oficial del organismo».

Pese a todo, el informe es un tirón de orejas en toda regla a los tres gobiernos de PP y Vox. «Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas (...) podrían afectar a la obligación del Estado español en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos», se lee en el documento, donde también se señala que estas reformas legales «evitan, y/u omiten nombrar o condenar el régimen franquista».

Los tres expertos internacionales también avisan en el texto que las 'leyes de concordia' pueden «invisivilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».

La primera reacción en Moncloa, en esa línea, ha sido la de convocar la semana que viene, cuando la campaña electoral en Cataluña entra en su recta final, a la Comisión Bilateral con Aragón, la única comunidad que ha aprobado, por el momento, dicha ley. Así lo anunció este viernes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que calificó de «contundente» el informe.La invitación esconde también un ultimátum: si el Gobierno aragonés «no se quisiera sentar con el Gobierno de España» o, en cambio, «si no se pudiera llegar a una acuerdo» el Estado llevará el pleito al Tribunal Constitucional, advirtió claramente Torres.

El ministro hizo especial hincapié en que el Gobierno está «satisfecho» con el informe por la «unanimidad» mostrada por los tres relatores , y cree que «se termina materializando» lo que venían advirtiendo: «Que estas leyes van en contra de las condenas internacionales y de los derechos humanos».

Con el lío robando el protagonismo, un día más, a la sufrida campaña catalana, el PP no vaciló en salir al contraataque. Ylo hizo desde primera hora de la mañana. El presidente aragonés, Jorge Azcón, acusó a la ONU de «mentir» y de contener «errores de bulto» en el informe de sus tres relatores. Su compañero de filas y jefe del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, destacó que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la «horrible dictadura franquista» y defendió que la 'ley de concordia' valenciana «consolida» los derechos de estas víctimas. Por ello, considera que quien firma el informe de la ONU «ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la comunidad».

El tercer presidente autonómico aludido en el texto de Naciones Unidas, el dirigente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en que en la norma de su comunidad, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, no distingue entre víctimas de un bando o de otro. «Esa es nuestra principal preocupación», zanjó.

De hecho, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo recordó, durante un acto de la campaña del 12-Men Figueres (Girona), que «no hay dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado». Para justificar la puesta en marcha de las 'leyes de concocordia, el líder gallego fue muy claro en la equiparación de víctias: «Para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA es una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica». Por ello llamó a «no olvidar a ninguna víctima»y censuró los «compromisos» del Gobierno con EH Bildu: «No se puede hablar de banda terrorista. Nosotros, sí».