Once presos etarras han accedido a la libertad condicional desde enero

Los que disfrutan ya de la libertad condicional son Jesús María Gómez, Mikel Barrios, Juan Carlos Herrador, Gorka Lupiañez, Iñaki Garcés, Aitor Herrera, Jon Crespo, Gorka Vidal, Sebastián Echániz, Garikoitz Arruarte y Gorka Loran. Entre la docena que ha cumplido toda su condena y queda libre -once reclusos en España y una presa en Francia- figura Iñaki Bilbao Gaubeka.

Las libertades condicionales son el peldaño siguiente a los terceros grados. Según el recuento de la última publicación de la AVT, el Gobierno vasco ha concedido 47 terceros grados desde que recibió la competencia en octubre de 2021. Estas progresiones han mostrado enormes diferencias entre los criterios del Ejecutivo de Urkullu y la Audiencia Nacional, que ha tumbado de forma definitiva una veintena. En lo que va de año, Justicia ha propuesto el paso el tercer grado de once presos de ETA y los jueces han rechazado definitivamente cuatro y hay varios en tramitación. El porcentaje de recursos ronda la mitad de los expedientes.

Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, desde la AVT a Covite, han criticado la «laxitud» con la que está manejando en las prisiones vascas la situación de los presos etarras, una competencia que recae en el área que lidera la consejera Nerea Melgosa.

El principal asesor penitenciario del Gobierno vasco, Jaime Tapia, siempre ha defendido que existe un cierto «subjetivismo» a la hora de interpretar estas normas. La principal razón que esgrime la Audiencia Nacional para revocar los terceros grados es que no hay una petición expresa de perdón o que la evolución del recluso resulta insuficiente, es decir, que su salida es prematura.

La última polémica, la pasada semana, fue la concesión de un permiso sin custodia policial -denominado «autogestionado» o «por autogobierno» al preso de ETA Mikel Otegi. Tiene por delante 10 años de condena por el asesinato de dos ertzainas en Itsasondo. La medida está prevista en el reglamento penitenciario, que es de carácter nacional, pero los agentes que se encargan de los traslados aseguran que se recurre a estas salidas de forma «muy excepcional». Tapia lo negó, sostuvo que no tiene «nada de extraordinario» y recalcó que se analizan básicamente dos parámetros: riesgo de reincidencia y de fuga. Ayer mismo, este diario dio cuenta de una nueva salida médica sin escolta, realizada por la presa de ETA Alicia Sáez de la Cuesta.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz denunció ayer una «nueva humillación a las víctimas» de ETA por la concesión de un nuevo permiso sin custodia a la presa de ETA Alicia Sáez de la Cuesta. La reclusa acudió al médico para una visita autogestionada, es decir, por sus propios medios, de una manera similar a como lo hizo otro recluso de la banda, Mikel Otegi, la semana pasada. El caso de Otegi, condenado por el asesinaron de dos ertzainas y con más de diez años de prisión por delante, despertó fuertes críticas de las asociaciones de víctimas, algunos familiares de los ertzainas asesinados y formaciones políticas como el PP.

Iturgaiz, a través de las redes sociales censuró la concesión de otro permiso a Alicia Sáez de la Cuesta, condenada a 30 años de cárcel por varios delitos, entre ellos uno de asesinato, y que queda pendientes todavía ocho años de condena. «El PNV, cumpliendo la hoja de ruta impuesta por Sánchez y Bildu, proporciona a los etarras las llaves de la cárcel», declaró el líder de los populares vascos.

Tras considerar que se trata de una «nueva humillación a las víctimas del terrorismo y al conjunto de la sociedad», Iturgaiz criticó una vez más que haya «privilegios para los etarras» que causan «dolor para sus víctimas». En este sentido, ironizó sobre si esta es «la justicia restaurativa» que propugna el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Desde la asociación de ertzainas Mila Esker se mostraron muy críticos con unas declaraciones en las que el asesor penitenciario Jaime Taipa aludía, entre los motivos de esa salida sin custodia, a la «economía de gasto». Aunque el asesor del área de Justicia precisó más tarde que «no es el factor principal pero influye porque el volumen de traslados es muy alto», en Mila Esker criticaron que «si no se otorga el mismo derecho al resto de presos es una medida discriminatoria o, lo que es peor, injustificada y caprichosa. Por no decir interesada».