Ocho evaluaciones jurídicas y más dudas sobre si la amnistía es constitucional

Habían transcurrido cuatro meses casi exactos –fue el pasado 13 de noviembre– desde que el PSOE presentara la controvertida iniciativa en la Cámara baja. Mientras el Consejo de Estado ha permanecido orillado en la auscultación del texto, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, dio esquinazo al intento de los populares, a través del Senado, de involucrarle escudándose en falta de competencias. No así el CGPJ, que ha acabado pronunciándose al igual que los letrados de las Cortes y la Comisión de Venecia.

En 2021, los servicios jurídicos dieron argumentos al PSOE, el PP y Vox para vetar una proposición de amnistía de los independentistas, con la objeción de que encubría el indulto general prohibido en el artículo 62 de la Constitución. Tras este antecedente, Fernando Galindo, el nuevo letrado mayor de la Cámara procedente del Ministerio de Política Territorial, analizó en noviembre la propuesta legislativa que sostiene la legislatura y concluyó que su eventual contradicción con la Carta Magna no es tan «evidente y palmaria» como para no discutirla en las Cortes antes de que el TC dictamine sobre los recursos que puedan plantearse para intentar frenarla. Dos meses después, los letrados de la Comisión de Justicia asumían esa premisa de su jefe, pero para desmontar luego en 13 folios el contenido de la norma tanto por su forma como por su fondo, recordar que los legisladores bloquearon dos enmiendas en la deliberación constitucional que defendían incluir de forma explícita la amnistía y plantear que el actual intento exigiría una reforma de la Ley Fundamental de 1978.

El dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara alta –69 folios en su caso, desvelados hace diez días– ahonda, profundizándolas, en las reservas de sus colegas. Los letrados sostienen que los impulsores de esta amnistía han recurrido a una vía contraria a la ley porque tratan de materializar a través del trámite ordinario lo que debería partir, a sus ojos, de una modificación constitucional producto de un «bicameralismo perfecto». Es decir, los juristas creen vulnerados los derechos de los senadores con un procedimiento que prima al Congreso –con mayoría del Gobierno y sus aliados– y sientan las bases para el conflicto institucional que el PP lanzará a la vuelta de Semana Santa.

La mayoría conservadora del CGPJ aprobó este 21 de marzo la evaluación realizada por Wenceslao Olea, para quien esta amnistía es «inconstitucional» por vulnerar el principio de igualdad y la separación de poderes. La otra ponente, la progresista Mar Cabrejas, también expresa algunas objeciones en su dictamen alternativo, pero infiere que es al TC al que compete pronunciarse sobre el perdón al 'procés'. El vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas, se abstuvo en la votación con un documento propio que coincide con el de Cabrejas en la posibilidad de legislar en este terreno pero no en que el Consejo deba inhibirse de expresar su parecer. El presidente interino, Vicente Guilarte, también se abstuvo, aunque en su caso fue crítico con la ley –«puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de un precio»– y contrario a que el CGPJ se contamine con «la polarización» política.

Con el Gobierno y el PP enzarzados sobre su interpretación, el órgano consultivo del Consejo de Europa constata que otros países han regulado la amnistía y no entra a analizar su constitucionalidad o no. Pero sí reprueba el trámite exprés elegido, avisa de que pueda beneficiar a encausados 'ad hoc', advierte sobre las fracturas que ha abierto y sugiere que podría ser preciso reformar la Carta Magna en aras de la cohesión social.