La número 2 de García Ortiz pide al Supremo que no investigue a su jefe por revelación de secretos

Sánchez-Conde -íntima amiga de García Ortiz y cuya imparcialidad para pronunciarse sobre la imputación de su jefe ha sido cuestionada por varias asociaciones de la carrera- cierra filas con el fiscal general y se suma a su tesis de que aquella controvertida nota solo pretendía hacer frente a los «bulos» sobre un posible acuerdo de conformidad.

La teniente fiscal descarta que la Fiscalía «hubiese divulgado datos e información que no pudiese ser revelada» porque «esos datos objetivos circulaban ya libremente por los medios de comunicación». Es por ello que arguye que «ningún perjuicio a tercero o a un interés colectivo» pudo causar el comunicado, «que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados (todos ellos ya revelados por los medios de información), el bulo y los infundios publicados».

«El cruce de comunicaciones entre el letrado defensor del investigado y el fiscal encargado del caso se hizo público con antelación a que se difundiera la nota informativa del Ministerio Fiscal», insiste la fiscal, que señala que, incluso, ya se había aireado en medios de comunicación el correo electrónico remitido el 2 de febrero de 2024 por el letrado defensor a «una dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid» a la que tenían acceso «más de doce fiscales y cuatro funcionarios».

Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, llevó a los tribunales la difusión de de esa nota informativa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso del fraude fiscal en el que se le investiga.

García Ortiz asumió en primera persona la inspiración del comunicado divulgado el pasado 14 de marzo en el que la Fiscalía confirmaba que había existido una negociación con González Amador para que eludiera una eventual pena de cárcel a cambio del reconocimiento del fraude y el pago de una multa. El fiscal general siempre se ha escudado en que la voluntad de esa nota está amparada por la legalidad porque su objetivo era salir al paso del «bulo» -achacado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez- de que habían sido los acusadores públicos del caso los que habían dado el paso de explorar una salida para la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Fue el pasado 15 de julio cuando el TSJM elevó al Supremo la causa en relación a la querella de González Amador para que decida si imputa a García Ortiz por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios. «Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz», señaló el magistrado Francisco José Goyena en su exposición razonada.

En la resolución, el magistrado del TSJM recalcaba que la difusión de la nota «no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal» como era desmentir un bulo, pues «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros».