El número dos del Ministerio del Interior con el Gobierno del PP, Francisco Martínez, procesado por la 'operación Kitchen', recomendó a su sucesor en el cargo, José Antonio Nieto, que hiciera «limpieza» tras la moción de censura que desalojó al Ejecutivo de Mariano Rajoy del ... poder, el 31 de mayo de 2018. «No dejéis ni un papel...entrarán a saco», le advirtió Martínez, que en aquel momento aún no se había visto salpicado por el espionaje sin autorización judicial al extesorero popular Luis Bárcenas, en el que se usaron fondos reservados.
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Martínez, que se enfrenta a 15 años de prisión por tres delitos en el marco de este procedimiento que juzgará la Audiencia Nacional, escribió por whatsapp a su sustituto Nieto, que en noviembre de 2016 accedió a la Secretaría de Estado de Seguridad después de que Rajoy pusiera fin a la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz y nombrase para dirigir Interior al juez Juan Ignacio Zoido.
La tarde del 31 de mayo de 2018, tras la primera sesión del Pleno del Congreso que avanzó el final del Gobierno del PP, Martínez se comunicó con Nieto: «Me imagino que estaréis de limpieza», le preguntó. A lo que su sucesor contestó 40 minutos más tarde: «Efectivamente, limpieza obligada». Tres minutos después, el entonces diputado del PP aconsejó a su compañero de Interior: «No dejéis ni un papel...entrarán a saco», dijo en referencia a la llegada del nuevo Ejecutivo socialista, cuyos ministros tomaron posesión a mediados de ese mes de junio.
Esta advertencia a Nieto, responsable en otoño de 2017 del dispositivo policial durante el 'procés' catalán y que en la actualidad es consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, reafirma la línea de las conversaciones que mantuvo Martínez durante esos meses con otros responsables de la Policía y Guardia Civil, a quienes manifestó su temor a que el Gobierno levantara las alfombras en Interior.
Según los whatsapp del procesado volcados en el sumario de la 'operación Kitchen', Martínez transmitió al coronel Manuel Sánchez Corbí o al comisario Pedro Agudo, actual responsable de ciberseguridad de la Policía Nacional, su preocupación por si el nuevo equipo del ministro socialista Fernando Grande-Marlaska quería revisar los gasto de los fondos reservados durante su etapa.
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«Desde el principio estaba obsesionado con hacer ruido con los fondos reservados. Y no tiene ni puta idea», aseguró Martínez a Sánchez Corbí, exjefe de la UCO de la Guardia Civil cesado en agosto de 2018 por pérdida de confianza. Precisamente, por airear en un correo interno, luego filtrado a los medios, que la entonces secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tenía intención de conocer el funcionamiento de estas partidas cuando llegó al cargo.
«Nunca un equipo de Interior se había dedicado a buscar la mierda de los anteriores», escribió en otro mensaje a Sánchez Corbí. «La realidad es que si lo que pretenden hacer es una auditoría sobre el uso de fondos reservados habrá que examinar todo, no solo lo que les conviene», explicó Martínez en otra conversación con una periodista especializada en Interior.
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Sus miedos se fundaban en que él era una de las tres personas que tenían autorización para aprobar partidas de fondos reservados. Los otros dos cargos durante su estancia en el ministerio (2013-2016) eran el director operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el director del gabinete de coordinación y estudios del ministerio, el coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado también por pérdida de confianza cuando fue trasladado a la Comandancia de Madrid. Para autoriza estas partidas se necesitan dos de las tres firmas mancomunadas.
Pese a reiterar Martínez, incluso en la comisión de investigación de 'Kitchen' en el Congreso, que no había pruebas de estos gastos en el espionaje a Bárcenas, finalmente el juez ha verificado que salieron al menos 53.000 euros para captar y pagar cada mes al chófer de Bárcenas, el acusado Sergio Ríos. Las pruebas son los recibís hallados en el registro de la casa del comisario José Manuel Villarejo y luego confirmados al juzgado por el propio ministerio.
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