Un nuevo yihadismo en España

Empezaré por lo cuantitativo. Ocho yihadistas murieron en agosto del pasado año como resultado de su participación en los atentados de Barcelona y Cambrils o mientras preparaban, en Alcanar, los explosivos mediante los cuales ejecutar actos de terrorismo mucho más espectaculares y letales que los finalmente improvisados. Pero entre enero de 2013 y junio de 2018, no menos de 250 yihadistas más fueron detenidos y puestos a disposición judicial en todo el país. Además, a lo largo de esos cinco años y medio se contabilizaron 231 casos de yihadistas desplazados desde España hacia zonas de conflicto armado generalizado en Oriente Medio, sobre todo como combatientes terroristas extranjeros, para incorporarse a organizaciones yihadistas activas en las mismas.

Pero estos detenidos, desplazados y muertos apenas suponen, en conjunto, una décima parte del número de individuos -no inferior a cinco mil- radicalizados en las actitudes y creencias del salafismo yihadista que se estima hay en España. El hecho de que estos miles de individuos hayan asumido ideas que justifican el terrorismo contra quienes, en sociedades occidentales como la nuestra, consideran infieles, no supone que se impliquen en actividades relacionadas con esa forma de violencia. Sin embargo, se trata de una cifra en sí misma inquietante, y que probablemente habría que multiplicar por no menos de veinte para aproximarnos al verdadero monto de simpatizantes con que el yihadismo global contaría dentro del territorio español, en especial -aunque no sólo- entre musulmanes de observancia salafista.

Continúo con lo cualitativo. A este respecto, una comparación de los datos referidos a los yihadistas condenados o muertos en España entre 2004 y 2012 –un total de 54– con los de cuántos han sido condenados o fallecieron entre 2013 y junio de 2018 –117– permite apreciar importantes cambios recientes en la composición social del yihadismo en el país. Un análisis así es posible gracias a la Base de Datos Elcano sobre Yihadistas en España (BDEYE), creada y mantenida en el marco de un proyecto multianual de investigación que desarrollo, en el Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, junto a Carola García-Calvo y Álvaro Vicente.

En uno y otro de esos dos periodos, hablar de yihadistas en España es hacerlo de varones, aunque su edad media al ser detenidos fue de 34 años en el primero para reducirse a 29 en el segundo, si bien durante este último, a diferencia del anterior, resultan significativos los porcentajes de mujeres y menores. Sin embargo, ya no son abrumadoramente extranjeros, como fue la norma hasta 2012. Desde 2013, la mitad de los yihadistas condenados o muertos en nuestro país tenían la nacionalidad marroquí, pero cuatro de cada diez la española. Hasta 2012 se trató sobre todo de inmigrantes, pero desde 2013 pertenecen en su mayoría -nacionalidad al margen- al segmento social de las segundas generaciones, nacidos o crecidos en España aunque básicamente descendientes de inmigrantes marroquíes.

Si a estos yihadistas extraídos de las segundas generaciones se añaden los conversos -uno de cada diez del total de condenados o muertos entre 2013 y junio de 2018- cabe concluir que el yihadismo es, por primera vez en nuestro país, un fenómeno endógeno. Este es un cambio fundamental del que derivan otros observados en su caracterización sociológica, aunque no respecto a su principal escenario dentro del territorio español. Cataluña pasó a serlo en los años transcurridos del 2004 al 2012 y se había consolidado como tal para antes de los atentados en Barcelona y Cambrils. Pero la presencia de yihadistas ha sido también relevante, durante los últimos cinco años y medio, en Ceuta y Melilla, al igual que en la comunidad de Madrid.

Los integrantes de la célula terrorista de Ripoll personificaron en este sentido, tanto por su origen y ascendiente migratorio como por sus áreas de residencia y actividad, el nuevo yihadismo configurado en España desde 2013. Un nuevo yihadismo, cuantitativamente mayor y cualitativamente distinto del que existió en los nueve años posteriores al 11-M. Un nuevo yihadismo que obliga a una adecuación de la estrategia contra la amenaza terrorista inherente al mismo. Por una parte, en las medidas y los recursos con que combatirla a corto plazo para evitar sus expresiones. Por otra parte, en los planes y programas para prevenir los procesos de radicalización que la reproducen.