El nuevo Gobierno quiere derogar la 'ley mordaza' como primer gesto

Sánchez no necesitaba llegar a la Moncloa para acabar con la 'ley mordaza'. Desde el comienzo de la actual legislatura, el frente parlamentario contra la normativa que apadrinó el exministro Jorge Fernández Díaz componía una mayoría absoluta más que suficiente para dejar en papel mojado la ley que penaliza algunas prácticas de los derechos de reunión o manifestación. Tanto socialistas como nacionalistas vascos rectificaron el texto. Lo hicieron cada uno por su parte y sin conversaciones previas para coordinarse. En septiembre del año pasado, el PSOE registró una propuesta para derogar por completo el texto y recuperar de forma transitoria la vigencia de la llamada 'Ley Corcuera' de 1992, conocida como la 'ley de la patada en la puerta'.

El PNV no fue ni mucho menos tan lejos como el partido que ahora se ha aupado al Gobierno. Presentó un texto mucho más 'light' de reforma, hasta el punto de que hasta el ahora ministro en funciones del Interior, Juan Ignacio Zoido, se mostró favorable a usarlo como punto de partida para del debate.

Pero todos aquellos intentos de acabar con la supuesta ley más restrictiva del Gobierno del PP quedaron en aguas de borrajas por el olvido de los propios partidos que habían propuesto su derogación o su reforma. A día de hoy, la Comisión de Interior que tenía que redactar la modificación de esa ley sigue enfangada en cómo tramitar dos proposiciones, la del PSOE y la del PNV, que son parecidas, pero no iguales.

Los letrados, tras ocho meses de estudios, continúan sin saber cómo casar una propuesta de derogación con otra de reforma profunda, pero manteniendo el texto del PP como base. Al final, la reforma, bloqueada.

PSOE y PNV han sido incapaces de ponerse de acuerdo en los últimos meses, a pesar de que ambos admiten sin ambages que sus propuestas no aspiran «per se» a convertirse en la nueva ley, sino solo en punto de partida para el debate.

Los socialistas apuestan por cubrir la «vacatio legis» entre la derogación de la actual norma y la aprobación de la futura con la reactivación momentánea de la 'ley Corcuera', vigente hasta 2011. La proposición que el PSOE presentó el pasado 1 de diciembre propone enterrar la ley que introdujo, entre otros aspectos, las multas de hasta 600.000 euros para los promotores o participantes en protestas en las cercanías de las cámaras parlamentarias; las sanciones por fotografiar a miembros de las fuerzas de seguridad o desobedecer sus órdenes; los registros en lugares públicos; o las «expulsiones en caliente» de los inmigrantes.

El PSOE presentó aquella proposición solo dos días después de que el Congreso, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, instara al Ejecutivo a derogar la Ley Orgánica. El acuerdo, sin embargo, no era vinculante y permitía al Gobierno desentenderse del emplazamiento parlamentario y no dar un solo paso para cambiar el texto.

Entonces, los propios socialistas reconocieron que la propuesta era solo un acicate para obligar a la reforma y que su texto solo aspiraba a ser una suerte de pistoletazo de salida, un documento de trabajo inicial sobre el que deberán opinar todos los grupos, incluido el popular, si se aviniera a pactar la introducción de cambios.

En la misma línea fue la proposición que el PNV presentó en enero y que proponía 44 cambios a ley, entre ellos reformar los apartados de la norma que obligan a comunicar a las autoridades la realización de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se realicen frente al Congreso y Senado cuando «no perturben la seguridad ciudadana». La propuesta nacionalista abogaba por la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; o la puesta en marcha de un sistema sancionador que tenga en cuenta «la capacidad económica del infractor a la hora de determinar la sanción».