Un nuevo escenario económico con el que intentar cuadrar las cuentas

Uno de los puntos más urgentes para el nuevo Gobierno es la subida de las pensiones para este año -que aprobará probablemente este viernes- y sacar adelante una ley que vincule «de forma permanente» su revalorización con el IPC. PSOE y Podemos han acordado eliminar el factor de sostenibilidad (que ajusta la cuantía de la prestación a la esperanza de vida) y el índice de revalorización (el IRP, un sistema aprobado por Rajoy por el que solo suben un 0,25% si el sistema está en déficit).

Durante su discurso del debate de investidura, Sánchez anunció que presentará «un nuevo Pacto de Toledo que garantice mediante el blindaje en la Constitución la sostenibilidad y la suficiencia» del sistema público de pensiones. También aseguró que impulsará la «reducción de la brecha de género» en las pensiones y que ampliará la prestación de viudedad «para parejas sin vínculo matrimonial».

Además del compromiso de subir un 2% (más un 0,3% con fondos adicionales) el sueldo a los funcionarios tras el acuerdo con los sindicatos, la propuesta del Gobierno en cuanto al SMI (salario mínimo interprofesional) es subirlo aproximadamente de los 900 euros actuales a 1.000 este año y que se vaya incrementando hasta los 1.200 euros al final de la legislatura. En contra se ha posicionado la patronal de empresarios (CEOE), que considera que «es una barbaridad» porque llevaría a mucha gente a la «economía sumergida».

Aunque el acuerdo entre Podemos y el PSOE defiende la necesidad de «derogar la reforma laboral», matizan que se necesita una «mayoría parlamentaria que pueda garantizar las modificaciones». Sánchez expresó su voluntad de aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, «simplificando y reordenando» las modalidades de contrato, la causalidad de los despidos, eliminar el despido por absentismo laboral justificado y limitar la posibilidad por parte de la empresa de modificar unilateralmente el contrato.

En materia fiscal, una de las líneas principales de estos nuevos Presupuestos será la «progresividad» del sistema fiscal que definen como «más justo». Así, el Impuesto de Sociedades será reformado para garantizar que las grandes empresas paguen como mínimo un tipo del 15%, que se eleva al 18% en el caso de los bancos y las petroleras. La cara más amable se la llevan las pymes que facturen menos de un millón de euros al año, para quienes baja el impuesto y pasarán a tributar a un tipo del 23%, dos puntos menos que el actual.

También se pretende la puesta en marcha de la «fiscalidad digital», es decir, la 'tasa Google', por la que las grandes multinacionales tecnológicas comenzarán a pagar impuestos en España aunque su sede fiscal sea otro país. También la 'tasa Tobin', que significará que se comiencen a gravar las transacciones financieras.

Sobre el bolsillo de los contribuyentes, el nuevo Gobierno pretende subir dos puntos la tarifa del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos a las de más de 300.000 euros (así como a las rentas de capital superiores a 140.000 euros). Esta subida solo afectará a unos 121.000 contribuyentes, el 0,67% del total, según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), que deberán abonar de media 4.300 euros más al año cada uno, lo que permitirá recaudar unos 328 millones de euros más.

Una de las medidas que los ciudadanos esperan con más expectación es la regulación del precio de los alquileres por la gran subida de los últimos años (en ciudades como Barcelona o Madrid se han encarecido casi un 50% en desde 2014, según datos del Banco de España). Y a pesar de que en campaña Podemos prometió intervenir directamente en los precios, el acuerdo con el PSOE es más genérico y se limita a anunciar que frenarán las «subidas abusivas del alquiler» a través de índices de referencia de precios que habilitará Fomento y que se ponga «techo» a las subidas con una metodología «objetiva y sujeta a revisión periódica».

Ambos partidos apuestan por establecer qué es 'vivienda vacía' para movilizar este sector mediante medidas de «estímulo o sanción» para sacar al mercado inmuebles a precios «razonables». Incluso acuerdan llevar a cabo reformas normativas para que las comunidades de propietarios puedan prohibir el alquiler turístico y su limitación para uso residencial.