El nuevo PP ante la vieja Gürtel

La cautela con la que cargos populares se refieren estos días en público a la investigación judicial no quita que en privado trasladen que «hay un cierto olor a podrido», que «el caso es feo» y que, de confirmarse, los hechos serían «muy graves». Se trataría de una estructura policial para el espionaje del extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentación comprometida para altos dirigentes del partido, cuando el Ministerio del Interior lo dirigía Jorge Fernández Díaz.

Quienes trabajaron a las órdenes de Rajoy trasladan sus «dudas» sobre que el exjefe del Ejecutivo, como se apunta en un informe policial, estuviera al tanto de lo que se cocinaba en un departamento de su Gobierno. Vaticinan, de hecho, que esa sospecha «quedará en nada». Pero también abogan por la prudencia, y algunas fuentes dicen no poner «la mano en el fuego por nadie».

En este escenario, ven «obvio» que en Génova hay un alto interés en marcar «todas las distancias posibles» con la anterior etapa del PP. Más aún después de escuchar este viernes al portavoz, José Luis Martínez-Almeida, admitir que las noticias que se van conociendo son «preocupantes». «Como partido, nosotros lo que no podemos hacer es no asumir lo que pudo ser parte de la trayectoria», añadió un matiz el alcalde de Madrid.

El debate, sin embargo, surge en torno a si ese distanciamiento debe serlo también respecto a Rajoy. Varios dirigentes del partido aseguran haber echado en falta «algo de delicadeza». Reclaman que se proceda «con tacto» y «elegancia» y sin «echar a la hoguera» a una «figura tan importante», subrayan, para las bases del PP. «Lo primero, porque a día de hoy no hay nada; lo segundo, porque no sabemos cómo evolucionará el caso; y lo tercero, porque a quien ha sido presidente del Gobierno no puedes apartarlo», advierten esas mismas voces.

Por lo demás, no creen que a Casado le quede más opción que poner énfasis en que las estructuras del partido se han actualizado y en que los posibles protagonistas de Kitchen pertenecen a otro tiempo. Ese es el argumento de la dirección nacional: «Ninguno de ellos tiene responsabilidades orgánicas, no han ido en las listas electorales, no están en activo en la política». A partir de ahí, Génova sustenta su discurso en que su presidente «ha sido muy claro con el compromiso del PP con la transparencia, la firmeza y la ejemplaridad en todo lo que respecta a asuntos judiciales».

Por ahora, en todo caso, no se estudia la suspensión cautelar de militancia de Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la Audiencia Nacional cite a declarar como investigados al exministro del Interior y a la exsecretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. Hasta ver qué ocurre, tanto en la dirección nacional como en las territoriales del PP rechazan que este sea el momento procesal para actuar. «Si ambos fueran imputados –subraya un cargo popular–, la cosa cambiaría y sí sería oportuno que aceptaran apartarse de la organización».

Mientras eso no suceda, el PP compagina el discurso en defensa de la «presunción de inocencia» con el de cuestionamiento de la Fiscalía. En el partido no terminan de confiar en el escrito en el que se pide la investigación de Fernández Díaz y Cospedal. Aunque ya en 2009, cuando el juez Baltasar Garzón comenzó a indagar en el caso Gürtel, los populares pusieron el foco en el Ministerio Público y en el «uso partidista» del mismo, fuentes del comité ejecutivo creen ahora justificado que se denuncie el perfil «de enorme beligerancia política» de quien está al frente de la institución, Dolores Delgado. Entienden que su pasado como exministra de Justicia y diputada del PSOE en el Congreso le resta credibilidad.

La batalla política está, desde luego, garantizada. PSOE y Unidas Podemos ya han registrado una solicitud para impulsar una comisión de investigación sobre Kitchen en el Congreso. Y Ciudadanos la apoya. A ese órgano es muy probable que sea llamado a declarar el propio Rajoy. En el PP, mientras tanto, dan por sentado que el Gobierno, vía los partidos que lo componen, intentará jugar «al desgaste» mientras frena que también se revise en el Parlamento la financiación del partido de Pablo Iglesias.

Fuentes territoriales abogan, en este escenario, por diferenciar lo judicial de lo político. Consideran que el PP debe, por un lado, insistir en que son los tribunales los que tienen que investigar los hechos y la gravedad de los mismos. Y, por otro, subrayar las contradicciones de PSOE y Unidas Podemos respecto a los posibles casos de corrupción. «Y no dejar que la agenda de oposición quede opacada», añaden.

Los veteranos hacen hincapié en esta última cuestión. A su juicio, el PP debe «convivir» con el desarrollo de las investigaciones judiciales sin «detenerse». Recuerdan que la corrupción fue un lastre para el partido durante mucho tiempo. Transcurrieron nueve años desde que Rajoy dijo en 2009 aquello de «esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP» hasta que en 2018 la sentencia de la primera etapa de Gürtel se llevó por delante su Gobierno. Y durante ese período, recuerdan, se «pagó una alta factura electoral» y política.

«Pero el problema de Casado ya no es la corrupción. El suyo es el proyecto, ser capaz de armar una alternativa. No fueron los escándalos los que dejaron al PP en abril del año pasado en 66 escaños», apunta un dirigente popular. Y ahí es donde, remarcan en la formación conservadora, se juega su futuro.