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Vox no solo perdió 19 diputados el 23-J, sino también la posibilidad de volver a utilizar sus dos armas favoritas para hacer la guerra a Pedro Sánchez desde la oposición: la moción de censura y los recursos ante el Tribunal Constitucional.
Los malos resultados ... de los de Santiago Abascal no solo le han restado poder de iniciativa en la Cámara baja, sino que además ha agudizado una crisis interna que, por mucho que lo niega la dirección del partido de puertas afuera, ya ha traído consecuencias de impacto como el abandono de la política de su exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Montero. En la formación se arguye que su ya exdirigente renuncia por motivos personales y profesionales, como él mismo señaló a la hora de hacer oficial su renuncia. No obstante, a nadie se le escapa que subyace una batalla interna que ya ganaron los sectores más extremistas de la dirección al dejar fuera de las listas electorales a varios diputados adscritos al sector más liberal que en los últimos años ha liderado Espinosa de los Monteros.
El 23-J los de Santiago Abascal se dejaron por el camino 600.000 votos y vieron reducida su representación en el Congreso a 33 escaños, frente a los 52 que obtuvieron en 2019. Según establece el artículo 113 de la Constitución, «la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados». Es decir, por 35 de ellos, dos más de los que obtuvo la formación de Santiago Abascal el pasado domingo. A lo largo de los últimos cuatro años Vox ha recurrido sin éxito en dos ocasiones a esta herramienta constitucional.
Las dos derrotas de Vox estaban sentenciadas de antemano, pero Abascal y los suyos recurrieron a la moción de censura para subirse a la tribuna del Congreso sin límite de tiempo y aprovecharla como un lugar privilegiado desde el que lanzar sus propuestas, atacar a Sánchez y, ya de paso, presionar al Partido Popular.
A lo largo de la pasada legislatura Vox ha presentado hasta 47 recursos ante el Constitucional, una posibilidad que la Carta Magna permite con el aval de 50 diputados o senadores. Ahora, tras los resultados del 23-J, Vox se queda muy lejos de esta línea roja.
Todas y cada una de las principales leyes aprobadas por el Gobierno de coalición ha sido respondida por la derecha radical ante el Tribunal de Garantías y eso a pesar de que en su programa electoral aboga por diluir el Constitucional dentro del Supremo para que se convierta en una sala más.
El mayor éxito en la estrategia de los de Abascal llegó con su recurso contra el estado de alarma que primero aprobó y después prolongó de forma sucesiva el Congreso durante la pandemia y que en esa primera votación recibió el apoyo del propio Vox. En julio de 2021 el Constitucional estimó la petición de la derecha radical por seis votos frente a cinco al considerar que se debería haber decretado un estado de excepción.
Decenas de estos recursos permanecen aún a la espera de resolución. Sobre la mesa del Constitucional están todavía las leyes del 'solo sí es sí', la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y suavizar el de malversación; la eutanasia, la educación, el ahorro energético, la memoria democrática, el ingreso mínimo vital o la reforma laboral.
«Vox lo ha intentado todo durante esta legislatura para hacer oposición al peor Gobierno de nuestra historia», justificó Abascal en febrero al presentar la segunda moción de censura. Acto seguido el líder de la derecha radical lanzó un nuevo dardo al PP: «Habrá quien diga que Vox comete errores, pero nadie podrá decir que hemos permanecido de brazos cruzados».
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