La nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo fija como prioridad neutralizar a los yihadistas retornados y a los autoradicalizados

La nueva ENT, que sustituye a la anterior Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR) del año 2012 y que estuvo vigente hasta 2017, fija como prioridad la neutralización de los llamados 'foreign fighters', los yihadistas españoles que en los últimos años han pasado por las filas del autodenominado Estado Islámico y que ahora podría retornar. El documento no oculta la magnitud del problema. «Más de 230 personas de nacionalidad española o residentes en España se han desplazado a zonas en conflicto, especialmente a Siria e Irak para unirse a las organizaciones terroristas que allí operan», destaca el informe, que revela que solo un 25% de los combatientes terroristas extranjeros (CTE) españoles habría fallecido y que casi un 20% habría retornado. «Los retornados constituyen uno de los perfiles de mayor riesgo» por su entrenamiento y adoctrinamiento y «la posibilidad de que lleven a cabo ataques en nuestro», además de su «potencial como captadores de nuevos terroristas.»

Uno de los retos importantes de la seguridad nacional –zanja el documento «es evitar (que estos CTE) se conviertan en figura de referencia para los jóvenes» y es ahí donde Interior lanza una propuesta muy novedosa pero que necesitará de un desarrollo legislativo y de acuerdos políticos. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska fija como «línea estratégica» para estos cuatro años «establecer mecanismos que permitan incorporar al procedimiento judicial las evidencias obtenidas en zonas de conflicto, con las correspondientes garantías procesales y salvaguardando la reserva de las investigaciones en curso». Es decir, poder acorralar judicialmente a esos retornados o a futuros yihadistas con pruebas (de los servicios secretos, por ejemplo) para imputarles delitos concretos en el extranjero más allá de pertenencia a organización terrorista, como hasta ahora. Una herramienta que, según mandos de la seguridad del Estado, sería «muy eficiente» para neutralizar a estos 'foreign fighters', al margen de directamente poder «impedir», también a través de otra reforma legal «la entrada en España de individuos radicales violentos o que inciten a la violencia».

Otro de los epicentros de la preocupación de Interior en la lucha antiterrorista para los próximos años son, sin duda las cárceles. El documento recalca desde el inicio que los «centros penitenciarios constituyen ámbitos de atención y seguimiento prioritario», sobre todo porque «el medio penitenciario es un ambiente propicio para la captación de personas vulnerables a los extremismos violentos y a la radicalización que conduce al terrorismo». De hecho, en los últimos meses las fuerzas de seguridad han desmantelado en las prisiones varias redes de captación.

«En España en los últimos años la población reclusa vinculada al terrorismo yihadista ha experimentado un crecimiento exponencial, como consecuencia de la actividad contraterrorista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las personas condenadas o en prisión preventiva por delitos relacionados con el terrorismo yihadista superan las 130 y se hallan distribuidas en unos 30 centros penitenciarios», explica el informe.

En la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo figura también, de forma recurrente, una tercera amenaza: los yihadistas autoradicalizados. Interior recuerda que la mayoría de los atentados cometidos en los últimos años en Europa, también los del verano de 2017 en Cataluña, fueron protagonizados «por personas radicalizadas en su entorno social más cercano, sin necesidad de desplazarse a zonas en conflicto».

El departamento que dirige Grande-Marlaska, en este punto, apuesta por la inteligencia y la potenciación de los canales de comunicación, sobre todo a través Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización (CCIR) y de la recepción de información de colaboración ciudadana. Según los datos del documento, en los últimos tres años, el CCIR, en el marco de su campaña estrella 'Stop Radicalismos', ha recibido cerca de 7.000comunicaciones ciudadanas, de las cuales un 34% han sido catalogadas como de interés policial y fruto de ello se han abierto más de 150 investigaciones policiales. Según Interior, 14 «terroristas combatientes extranjeros» fueron detectados gracias al soplo de ciudadanos anónimos.