Los nudos en el tenso tira y afloja de Sánchez con la justicia

Este viernes, Félix Bolaños quiso empezar su diálogo con los distintos actores del universo judicial reuniéndose con el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, después de que el ministro asegurara en su toma de posesión que renovar el órgano de gobierno de la Magistratura es «una obligación», tras un lustro de bloqueo por las desavenencias con el PP; y de que Sánchez asegurara que no va a rebajar, cambiando la ley, las mayorías cualificadas para elegir a los vocales del CGPJ, una alternativa que ya refrenó la UE cuando el Gobierno la intentó.

Así las cosas, Guilarte se ofreció para mediar entre socialistas y populares, un incierto papel que no tiene visos de prosperar. El PP no ha dado muestras de retomar una negociación cuyo fiasco los de Feijóo achacan a que el presidente les mintió sobre la supresión del delito de sedición y el Ejecutivo atribuye a la sumisión de su rival a la derecha más inflexible. En todo caso, la oferta de Guilarte tampoco la comparte la mayoría conservadora del CGPJ, que cree que «meterse en el ámbito político no es su territorio». Una mayoría que desconfía, también, de las promesas de Sánchez.

En el imaginario independentista hay un juez que encarna ahora poco menos que al diablo con toga: es Manuel García Castellón, quien ya ha procesado por terrorismo a doce CDR y que acaba de pedir al Supremo que impute a Carles Puigdemont y a la número dos de ERC, Marta Rovira, en el sumario de Tsunami Democràtic por idénticos motivos. En su estreno como nueva portavoz del Gobierno, Pilar Alegría evitó pronunciarse sobre las decisiones del instructor. Pero la frialdad de los socialistas es evidente.

Ambas causas, las de los CDR y Tsunami, desaparecerían con la amnistía. El 15 de noviembre, en una decisión inédita, la Audiencia dejó claro su malestar. La Sala de Gobierno aprobó, con la oposición del presidente de la Sala de lo Social, el magistrado José Pablo Aramendi, una declaración institucional contra la amnistía y el 'lawfare' en la que recuerda que el Estado de derecho «exige absoluto respeto a la división de poderes». En los juzgados de la calle Génova nadie descarta ya que la respuesta de García Castellón a ese «ataque» sea una cuestión prejudicial ante Europa que complique la aplicación de la medida de gracia.

Nunca antes la carrera fiscal había exhibido tan desapego ante su máximo responsable. El anuncio esta semana por la Moncloa de que Álvaro García Ortiz seguirá en el cargo no fue una noticia, pero sí escoció el hecho de que la confirmación se hiciera pública solo horas después de que el Supremo certificara que había incurrido en «desviación de poder» –enchufismo– al nombrar fiscal de Sala del Supremo a su amiga y antecesora, Dolores Delgado. Existen dudas sobre si su continuidad precisaría un nuevo informe no vinculante del CGPJ, que avaló su idoneidad pero con fuertes discrepancias.

Toda la carrera está en pie de guerra contra la amnistía. Las asociaciones de fiscales, también la progresista de la que vienen Delgado y García Ortiz, firmaron un manifiesto en el ven inadmisible el acuerdo de investidura por «pervertir el sistema constitucional». Y además, la situación es de inédita rebelión frente a García Ortiz, después de que éste no haya salido en defensa de los cuatro fiscales del juicio del 'procés' cuando pidieron amparo ante las acusaciones de 'lawfare'. Esa tibia reacción hizo que 18 fiscales de Sala del Supremo criticaran con dureza a su superior jerárquico en un comunicado.

. La ley de amnistía compromete a todos los que coadyuvaron al pie en pared de la democracia española frente al amago de ruptura ilegal de Cataluña con España; también al propio Sánchez, que avaló las distintas medidas que se adoptaron como líder de la oposición en el otoño crítico de 2017. Pero si hay alguien que va a verse interpelada por la ejecución de la iniciativa de gracia es la Sala de lo Penal del Supremo, autora de la condena que envió a prisión por la hoy suprimida sedición a Oriol Junqueras y otros líderes del 'procés'; y cuyo instructor, Pablo Llarena, no ha cejado en su determinación de que Puigdemont sea entregado a la justicia española para juzgarle por los cargos que aún pesan sobre él.

Los servicios de la Sala que encabeza Manuel Marchena han estado preparándose para recibir una ley de amnistía a la que el Supremo podría reaccionar planteando cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC y prejudiciales ante el TJUE en Luxemburgo. Por de pronto, la Sala de Gobierno del alto tribunal ha exigido, sin mencionar expresamente al Ejecutivo y su amnistía, respeto a la división de poderes.

Esta semana, el magistrado progresista y exministro de Justicia con Pedro Sánchez Juan Carlos Campo pidió abstenerse en un primer recurso llegado al Tribunal Constitucional en contra la de la ley de amnistía para afianzar la «imparcialidad» de la decisión final que pueda tomar la corte si le llegan, como se da por hecho, cuestiones y recursos de inconstitucionalidad.

El gesto de Campo no hizo más que confirmar las sombras que penden sobre el TC en puertas de un momento clave de su historia, en la que se asoma al debate y sentencia sobre la legalidad de la controvertida norma del borrón judicial al 'procés'. A nadie en el Constitucional se escapa que su imagen en la calle es la de un tribunal politizado, cuyos nombramientos se reparten entre los dos grandes partidos, y la dañina sospecha de que la actual mayoría progresista preludiaría un aval a la amnistía. Tras la inhibición de Campo, el tribunal aguarda las posibles recusaciones, por distintos motivos, del presidente y exfiscal general con los gobiernos de Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, y de la exalto cargo de Moncloa Laura Díez.