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Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha registrado oficialmente una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra los dos fiscales que le acusan por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. El empresario dirige su ... acción penal contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el integrante de la sección de delitos económicos de este organismo, Julián Salto, el mismo que firmó la denuncia contra González Amador.
El investigado reclama al TSJM que abra una causa a ambos fiscales, en su condición de aforados, por un delito de revelación de secretos -penado con cárcel- por la difusión de una nota informativa el pasado 14 de marzo en la que, según la defensa de González Amador, se habrían desvelado los términos de un acuerdo extraprocesal para asumir los hechos a cambio de retirar la denuncia por fraude fiscal.
El magistrado encargado de estudiar la admisión de la querella será el presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, quien ahora dará traslado de la misma a la Fiscalía Superior de Madrid, el departamento dirigido por Almudena Lastra, para que informe sobre la repercusión penal de los hechos expuestos en el escrito. Se podría dar el caso de que Lastra no vea delito, como todo parece imaginar al tratarse de dos compañeros suyos, pero que el magistrado decida investigar los hechos sin el aval del Ministerio Público.
González Amador considera que los ahora querellados conocieron el contenido de estas comunicaciones confidenciales entre fiscal y abogado por razón de su cargo y que al difundirlo en la citada nota informativa de 14 de marzo cometieron revelación de secretos.
Sin embargo, en descargo de la Fiscalía de Madrid la citada nota se publicó simplemente para aclarar y/o desmentir una información anterior publicada por El Mundo relativa a que fue el fiscal Salto y no el abogado defensor quien ofreció el pacto y que el primero lo retiró finalmente «por órdenes de arriba», en referencia a la fiscal jefe Pilar Rodríguez e incluso al fiscal general Álvaro García Ortiz, según este medio.
Luego se supo que este entrecomillado salió de un mensaje remetido a los medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, cuya pretensión era desviar la atención tras conocerse horas antes la denuncia contra la pareja de la presidenta madrileña por un presunto fraude a la Agencia Tributaria de 351.000 euros.
En suma, la nota de la Fiscalía expuso de forma cronológica cómo se desarrollaron las diligencias de investigación contra González Amador a partir del expediente de Hacienda y desveló que, en realidad, fue éste quien buscó el acuerdo a la desesperada cuando no había marcha atrás (el asunto ya estaba en manos de la Fiscalía) y pese a que tuvo ocho meses para solventar su deuda en el marco de la inspección fiscal abierta.
Fuentes jurídicas consultadas no descartan que la verdadera estrategia del empresario con la presentación de esta querella sea buscar nulidades al haberse comprometido su derecho de defensa en la causa por fraude fiscal y falsedad documental. Un asunto por el que declarará el próximo 20 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid junto a otros cuatro imputados.
Pero el administrador de Maxwell Cremona, la empresa con la que cometió el presunto fraude al no tributar lo debido por las comisiones recibidas en un contrato de mascarillas en pandemia, no está solo en esta batalla contra la Fiscalía. El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha anunciado este miércoles que se personará como parte presentando una querella en los próximos días por la nota de prensa oficial difundida recogiendo «datos concretos de comunicaciones de un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso».
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