La jueza aplaza la declaración del novio de Ayuso para investigar cinco nuevos delitos

Las dos partes que ejercen la acusación popular en la causa, representadas por los partidos PSOE y Más Madrid, pidieron en un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que suspendiera los interrogatorios para analizar nueva documentación sobre la actividad empresarial bajo sospecha de González Amador. En concreto, reclamaron la práctica de diligencias a la vista del informe conocido el pasado 12 de junio que contiene unos 1.500 archivos, emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Delegación Especial de Madrid.

Estas diligencias solicitan que se investigue la relación comercial del encausado con el Grupo Quirón, su principal cliente en su actividad de consultoría sanitaria, entre los ejercicios 2019 a 2022. Además, que aporte la escritura de compraventa de sus dos viviendas en Madrid en el periodo 2020 a 2024, por si hubiera utilizado presuntamente el dinero no declarado a la Hacienda Pública para este fin, es decir, por si hubiera cometido además presunto blanqueo de capitales. En una de estas viviendas reside en la actualidad con su pareja Díaz Ayuso y podría haber llevado a cabo una obra ilegal que investiga el ayuntamiento.

González Amador conoció la decisión de la jueza Iglesias en el interior de los juzgados, donde estaba citado este lunes junto a los otros cinco investigados después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los encausados.

En el auto de apertura de diligencias, la titular del juzgado señaló que supuestamente, y como consecuencia de estas «conductas defraudatorias», el contribuyente dejó de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el mismo concepto en 2021, un total de 195.951 euros. La comparecencia de González Amador en el juzgado coincidió con la ausencia en España de su pareja, que ha comenzado este lunes en viaje a Alemania para reunirse con empresarios de ese país.

Fuentes del entorno del investigado ven el escrito de las acusaciones populares como "una jugarreta zafia para alargar el acuerdo con la Fiscalía". "Quieren que se investigue administración desleal de sus empresas. Deslealtad consigo mismo porque no tiene socios. Jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria", señalaron este lunes.

En todo caso, el encausado debe responder por el informe de la Agencia Tributaria que advirtió de un presunto fraude fiscal al detectarse «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades» vinculadas a la mercantil de González Amador. Se trata de la entidad Maxwell Cremona, dedicada a la elaboración de certificados de eficiencia energética y cuyo principal cliente es el Grupo Quirón.

Dicha sociedad aumentó el volumen de su negocio durante los ejercicios 2020 y 2021, en plena pandemia de coronavirus, en 3,6 millones de euros cuando tres años antes apenas facturó 8.000 euros. El delito de falsedad radicaría en la indebida deducción de gastos en una docena de facturas valoradas en 1,9 millones, que no se corresponden realmente con los servicios prestados «con la finalidad de eludir su tributación».

Tras ocho meses de investigación de Hacienda en la que González Amador, pareja ya entonces de Díaz Ayuso, no regularizó su situación tributaria, el pasado 22 de enero la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid recibió el expediente para iniciar la vía judicial. A raíz de este informe, la Fiscalía Provincial de Madrid acordó el 23 de enero abrir diligencias de investigación y el 7 de febrero formalizó su denuncia.

Según el fiscal del caso, Julián Salto, la dirección de la sociedad en el período comprobado corría a cargo de un administrador único: Alberto González Amador. En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto de Sociedades «se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios -3,6 millones de euros gracias a la mediación por un contrato de mascarillas con la empresa catalana FCS, adjudicataria del Ministerio de Sanidad-, llevó a cabo determinadas conductas con la única finalidad de reducir dicha tributación».

Luego se supo que con los beneficios obtenidos adquirió al menos una vivienda en el centro de Madrid que podría haber sido objeto de una reforma ilegal y un vehículo de lujo marca Maserati. Un automóvil que hace dos meses tenía varias multas pendientes del Ayuntamiento de Madrid por el abono pendiente de dos anualidades del impuesto de circulación y sanciones viales.