Nombramientos de partido, un mal de la política española desde el siglo XIX

El adjetivo «polémico» ha acompañado a algunos de los últimos nombramientos políticos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Uno de los más controvertidos ha sido el de Miguel Ángel Oliver -quien fuera secretario de Estado de Comunicación entre 2018 y 2021-al frente de la Agencia Efe. Pero también ha sido objeto de discusión la elección de los exministros Héctor Gómez y Miquel Iceta como nuevos representantes permanentes de España ante la ONU en Nueva York y ante la UNESCO, respectivamente, por su falta de trayectoria internacional. O el de Therese Jamaa, exvicepresidenta de Huawei y pareja del ministro José Manuel Albares, en el consejo de Hispasat, la participada pública que ahora preside Pedro Duque, exministro de Ciencia, en sustitución de Jordi Hereu, que hoy porta la cartera de Industria.

Ejemplos para ilustrar que la discrecionalidad política en los nombramientos de altos cargos ha sido y es recurrente en España con independencia de quién resida en Moncloa no faltan. Por el puesto de embajador de España para la OCDE -para el que Sánchez ha propuesto al expresidente valeciano Ximo Puig- pasaron antes José Ignacio Wert, ministro de Educación con Mariano Rajoy, la socialista Cristina Narbona tras dejar Medio Ambiente en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y la exdirectora de gabinete del ministro Rodrigo Rato, Elena Pisonero. Federico Trillo, tras su cuestionada gestión al frente de Defensa a raíz del accidente aéreo del Yak 42 bajo el mandato del Gobierno de José María Aznar, ejerció como embajador de España en Reino Unido.

Pero a pesar de que este «fenómeno» habitual de la política española viene produciéndose desde hace dos siglos, los expertos en Transparencia consultados por este periódico sí advierten de que esta «colonización» de las instituciones y empresas públicas por parte de los partidos se ha intensificado con los dos últimos Gobiernos de coalición.

«Es lo que se llamaba en el siglo XIX repartir el turrón», explica Rafael Jiménez Asensio, consultor, profesor y autor de 'El legado de Galdós' (Catarata, 2023), donde analiza el «cuarto oscuro» de la Administración pública, y del ensayo 'Instituciones rotas. Separación de poderes, clientelismo y partidos en España'.

Una buena muestra de estos «premios políticos» son, a su juicio, el salto de la exportavoz socialista en el Senado, Eva Granados, como nueva secretaria de Estado de Cooperación. O de la exministra de Transportes Raquel Sánchez a la presidencia de Paradores y Turismo -donde cobrará casi el doble que al frente de esta cartera- para sustituir a Pedro Saura, que ha reemplazado a Juan Manuel Serrano al frente de Correos -este había sido antes jefe de gabinete de la comisión ejecutiva federal del PSOE- con el objetivo de revertir la maltrecha situación económica de la empresa de paquetería pública. Por Paradores pasó también, tras desempeñar distintas responsabilidades en el PSOE, Óscar López, recuperado luego por Sánchez como su jefe de gabinete en Moncloa.

«Probablemente, con los gobiernos de Sánchez hemos visto que en muchos casos ni siquiera se recurre a expertos que sean del propio partido -perfiles politécnicos-, sino que directamente lo que más pesa es la confianza política», sostiene Fernando Jiménez Sánchez, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murciay experto del Grupo Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.

A este problema endémico se ha sumado en las dos últimas legislaturas el tamaño «elefantiásico», con 22 ministerios ,del actual Ejecutivo de coalición, señala Jiménez Sánchez. «Es el Gobierno más grande cuando menos competencias en principio tiene la Administración General del Estado», señala. «Son tantos los equilibrios que hay que satisfacer en este tipo de gobierno de coalición que, paradójicamente, es cada vez más ineficiente, porque normalmente las políticas implican transversalidad entre los ministerios», añade este experto.

De hecho, ha sido en la alta administración del Estado, en la que los puestos se designan discrecionalmente y sin necesidad de requisitos previos, donde se ha producido un aumento importante del número de subsecretarías.

Además de primar la confianza política a la experiencia por los cambios por los cambios que se producen con cada relevo en el Gobierno, España representa un caso aparte frente a otros países de la OCDE, donde estos cargos disfrutan de una continuidad mucho mayor. «Hay países en los que se pasa de un gobierno de derecha a uno de izquierdas y cambian los ministros pero no cambian los gabinetes, lo que da una fortaleza muy grande a la continuidad de las políticas públicas», afirma Jiménez Sánchez.

Otra cuestión es que en España, más allá de que el Tribunal Supremo intervenga como lo hizo revocando el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito legal de jurista de reconocido prestigio, no existen mecanismos de control previo para los nombramientos discrecionales en los que no se especifican requerimientos. Este control sí existe en la vecina Portugal, donde a las direcciones generales y las subdirecciones se accede por mérito y, en el caso de las empresas públicas, la Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública (CRESAP) emite informes validando esos nombramientos.