Los Franco acuden al Constitucional para paralizar la sentencia del Supremo

El representante legal ha confirmado a este periódico que ha elaborado un escrito de 120 páginas en el que solicita que se suspenda con carácter inmediato la sentencia de la Sentencia de lo Contencioso, que avaló por unanimidad sacar los restos del dictador para llevarlos al cementerio madrileño de Mingorrubio (El Pardo).

Este movimiento procesal por presunta vulneración de derechos fundamentales se ha producido horas antes de que el propio Supremo se haya pronunciado sobre las medidas cautelares de los otros tres recursos en liza, presentados por la comunidad benedictina, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. El Alto Tribunal ha dejado sin efecto la suspensión cautelar sobre el decreto del Ejecutivo que permite la exhumación.

Con la presentación del recurso ante el Constitucional, el tribunal de garantías deberá pronunciarse la próxima semana sobre si acepta o no la medida cautelarísima, lo que implica que mientras se resuelve esta cuestión urgente el Gobierno no podría exhumar aun los restos del dictador.

La cautelarísima es una medida muy excepcional que se aplica en pocos supuestos, debido a la trascendencia de la petición, de manera que suele ser poco probable que el Constitucional la acuerde, según explican fuentes jurídicas.

Así, la intención del tribunal de garantías es resolver sobre esta petición urgente de los Franco la próxima semana y si no se adopta esta medida, el Ejecutivo tendrá ya vía libre para ejecutar la sentencia del Supremo y exhumar a Franco independientemente de si el Constitucional admite o no después el recurso de amparo.

A la espera de la presentación del recurso, los Franco alegan ante el tribunal de garantías que el Supremo ha vulnerado varios derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

En concreto, el artículo 14 que dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El 16 que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y habla de que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, que es precisamente uno de los problemas actuales tras la negativa del prior a autorizar al Gobierno el acceso a la basílica.

También consideran que se ha violado el artículo 18 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar así como el 24 sobre el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales.

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, también ha anunciado que no permitirá la entrada a la basílica.