La Fiscalía archiva el caso de la violación de un niño de 9 años por la inimputabilidad de los agresores

La Fiscalía de Menores ha adoptado esta decisión tras constatar que por la edad no se les puede exigir responsabilidad a los cuatro presuntos agresores y, por tanto, no pueden ser juzgados ni tampoco aplicar sobre ellos medidas de índole judicial. De esta forma, será la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía como entidad competente en protección de menores la que decida sobre su futuro y sobre las medidas que se tengan que poner en marcha.

No obstante, desde la Fiscalía Superior de Andalucía se hace constar que se mantendrá un seguimiento directo del caso. Asimismo, se ha apuntado que, como medida encaminada a la protección del menor víctima de la supuesta agresión sexual, se ha derivado al Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), donde podrá recibir atención especializada de psicólogos, juristas y asistentes sociales.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ya confirmó este jueves la expulsión inicial, como medida cautelar, de hasta cuatro menores de 1º y 2º de ESO, con edades comprendidas entre los 12 y los 13 años, por una supuesta violación a un compañero de nueve años. La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de Úbeda (Jaén) de unas lesiones que, según los facultativos, era compatibles con una agresión sexual.

La presunta violación causó ayer conmoción. «Estupor». «Horror», decían padres y autoridades. «Nos ha dejado helados a todos», admitía el alcalde de la localidad serrana, estos días cubierta por las últimas nevadas. El mismo frío desolador que se respiraba en la comunidad educativa y en las instituciones andaluzas. Hasta la presidenta andaluza, Susana Díaz, dijo estar «horrorizada» por los datos que iban trascendiendo. Díaz usó incluso el término «manada» cuando se le preguntó una opinión sobre el caso, en una asociación con la supuesta violación grupal ocurrida en San Fermín. Aunque aquí se habla de niños.

La agresión se produjo dentro del centro y a la hora del recreo, según el testimonio de la familia del menor agredido. Ha trascendido también que no era la primera vez que el niño sufría acoso por otros compañeros en el colegio y había sido amenazado para que no contara nada. «Varios padres de alumnos de ese centro nos dicen que estas situaciones de acoso y agresión se daban en los recreos y de forma repetida. Lo cogían y lo aislaban», asegura Encarna García, de la Asociación contra el Acoso Escolar.

El menor agredido no está asistiendo al colegio como medida de precaución y la familia no ha querido dar detalles sobre su estado, así lo que el Gobierno andaluz conoce de su situación sanitaria es lo que se comunicó mediante la aplicación del protocolo del centro sanitario que lo atendió.

La Junta de Andalucía no tomará todas las medidas previstas en los protocolos de actuación hasta que no se aclaren todos los detalles sobre la agresión, pero está intentando esclarecer los hechos en el centro escolar y comprueba que todas las administraciones están coordinadas.

Las medidas cautelares, tanto la de que el niño no asista a clase como las expulsiones -cuya duración dependerá de la investigación-, se basan en la necesidad de proteger a los menores.

El Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor ha abierto una queja de oficio y la ha dirigido a la Delegación de Educación para ver si se tenía conocimiento previo del acoso y si se ha activado el protocolo establecido una vez que se han conocido los hechos, así como para saber el proceso de recuperación que se va a establecer tanto para la víctima como para los agresores.

El grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz ha registrado la comparecencia de la consejera de Educación para que aporte toda la información del caso ante unos hechos «gravísimos».

Save the Children ha denunciado los fallos en la prevención y ha insistido en la necesidad de una Ley integral . La Asociación contra el Acoso Escolar se ha puesto a disposición de la familia. «No están solos», aseguran. La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) ha instado a aumentar la vigilancia y actuar «a la mínima».