Neurona, la montaña rusa de Podemos

El germen del procedimiento fue una denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente, enfrentado a la cúpula del partido, que por reparto recayó en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Pero el elemento clave sería la entrada a la causa por conexidad de un informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que apreció indicios de delito tras examinar los gastos electorales. El pleno del órgano fiscalizador avaló remitir el expediente a la justicia ordinaria. Y el magistrado comenzó a bucear en un contrato bajo sospecha de Podemos con una consultora llamada Neurona.

Más allá de las sombras que proyectó Calvente sobre la relación laboral con esta sociedad de matriz mexicana, el informe del Tribunal de Cuentas ha guiado la instrucción en estos diez meses. El juez ha acreditado en autos que en febrero de 2019 los responsables de Podemos redactaron un borrador de prestación de servicios con Neurona Comunidad, filial española que se constituyó en marzo siguiente. Dicha compañía se comprometía a desarrollar productos audiovisuales y anuncios para los morados pactando un precio de 363.000 euros con IVA.

La entrega se hizo efectiva, aunque desde el Tribunal de Cuentas se puso el foco en una serie de incongruencias, pues ni cuadran las fechas de la redacción, la firma y las facturas, ni tampoco la constitución 'ad hoc' de la propia empresa en España que ejecutó, supuestamente, los servicios contratados. Un desfase que llevó al juez a calificar en enero pasado de «simulado» el contrato y que supuso que abriera el abanico indiciario no solo al delito electoral, sino también a la presunta financiación ilegal del partido. Esto es, se trataba de determinar si el dinero que no se fue en servicios reales pudo tener otro destino.

En este contexto cabe recordar que de los 363.000 euros pagados por Podemos unos 308.000 viajaron a México por transferencia desde Sevilla a una empresa llamada Creative Advice Interactive. Esa firma fue subcontratada para la prestación efectiva de los trabajos, aunque el sostén material que lo justificaría sigue de momento en el aire.

En estos diez meses la causa se ha subido y bajado como una montaña rusa. Se han abierto varias líneas de investigación secundarias tras la denuncia de Calvente. Al menos cuatro se han cerrado con el criterio favorable de la Fiscalía por falta de indicios: las que versaban sobre el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; los contratos con la consultora ABD Europa para las elecciones de 2019; los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido; y la presunta administración desleal en la gestión de «sobresueldos».

Sigue en marcha, por ahora, el contrato con Neurona y la llamada caja de solidaridad. Esta ramificación fue reabierta por la Audiencia de Madrid en febrero pasado y versa sobre el presunto desvío de dinero del fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales. Según Calvente, se utilizaron 50.000 euros de esa caja para pagar a miembros de Podemos.

El siguiente hito de la causa fue el esperado informe policial sobre la veracidad de los trabajos realizados por Neurona. Y que, como defiende la cúpula de Podemos, las incongruencias en las fechas obedecen más a una cadena de errores que a una falsedad documental. El resultado ha sido que ni todos los servicios son reales ni todos son falsos. En cualquier caso, el juez tendrá que extraer una conclusión porque se trata de una pesquisa fundamental.

Sin embargo, antes va a llevar a cabo una batería de testificales para conocer la opinión de empleados de Podemos, citados el 19 de abril, y de Neurona en México, convocados una semana después por videoconferencia.

Ni el responsable de aquella campaña, Juan Manuel del Olmo, ni el tesorero, Daniel de Frutos, la gerente, Rocío Esther Val, o el administrador, Elías Castejón, han sabido decir quiénes ni cuántos eran los empleados de Neurona. Podemos ha aportado recientemente una memoria externa de información con una relación de 21 nombres, billetes de avión, lista de hospedaje y fotos de las oficinas en Madrid. Queda pendiente un informe de la UDEF sobre la autenticidad de este material.

Cuando concluyan todas estas diligencias, el juez deberá resolver el destino de la causa, si pasa a la fase intermedia antes del juicio. Más si cabe porque en diciembre la Audiencia de Madrid, en el mismo auto que mantenía a Podemos como investigado, ya urgió al instructor a que acotase el delito o delitos que cabe imputar a los acusados y evitar así que la causa se prolongue «innecesariamente». Esto es, delito electoral y/o financiación irregular.

La tercera vía, la del archivo provisional, parece más compleja por los indicios acumulados en el procedimiento.