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«Los momentos finales son siempre así. Al borde del éxito o del fracaso». Así respiraba este domingo por la tarde el núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez cuando las negociaciones con Esquerra para garantizar la investidura como nuevo presidente de la Generalitat del ... primer secretario del PSC, Salvador Illa, entran en horas críticas de atenerse al calendario con el que los independentistas han tratado de mantener el control de las conversaciones. Un tira y afloja centrado en avanzar hacia la soberanía fiscal de Cataluña sin romper el régimen común –esa es la cuadratura del círculo que precisan forjar republicanos y socialistas–, que el partido dirigido de forma interina por Marta Rovira requiere que sea de calado y con la mirada larga para que pueda ser aceptado por unas bases renuentes a conceder el Govern a Illa, sacar cabeza tras la debacle electoral del 12-M, empezar a restañar el cisma interno y hacer olvidar el penoso escándalo de los agravios a la familia Maragall.
La negociación más trascendental desde la que alumbró la ley de amnistía para que Sánchez amarrara su tercer mandato ha tenido un desarrollo extraño. A pesar de los dos ultimátums con los que la ha jalonado Esquerra y el mes dado por su dirección para cerrar un acuerdo, a fin de no quedarse atrapada en sus debilidades frente a un PSC ganador y un Carles Puigdemont amenazante, han sido los republicanos los que han avivado la posibilidad del acuerdo, necesitados de recobrar empaque político. Moncloa se ha cuidado de alentar expectativas, cobijada en que las encuestas siguen otorgando unos óptimos resultados al PSC si un eventual disenso provocara la repetición electoral y sabedora de los riesgos políticos e institucionales que comporta, con la legislatura en zozobra, abrir el melón de la financiación «singular» sugerida por Sánchez para Cataluña.
En puertas de que este miércoles termine julio –la fecha límite que ERC se ha autoimpuesto– y la previsión de que sus algo más de 8.500 militantes voten el posible acuerdo este jueves 1 de agosto, a los republicanos no les basta con 'vestir el muñeco'. «El PSOE tiene que entender que debe dar una vuelta de tuerca más. Adoptar un enfoque menos táctico, saltar la pantalla del día para pasar a un enfoque a largo plazo que permita asentar la navegabilidad de Illa y a ERC afianzarse en la oposición sin ir a elecciones», describe gráficamente un cargo de los independentistas. Descartado por el Gobierno, al menos hasta ahora, que Cataluña pueda atesorar el 100% de los impuestos en su territorio, esa vuelta de tuerca pasaría por que la Generalitat vea no solo ampliado el margen de disponibilidad de tributos relevantes –por ejemplo, aumentando la cesión del IRPF, hoy del 50% para todas las comunidades–, sino también su mando sobre la recaudación y la administración de las políticas públicas derivadas de ella. Y con garantías de que lo convenido no podrá ser revertido por un Gobierno del PP en el futuro.
Dicho de otra forma: Esquerra ambiciona el huevo pero también el fuero. Lo que implica rechazar como eventual fórmula de consenso lo que ya ampara el Estatut –pasando el filtro del Tribunal Constitucional– y a lo que apela el PSC: el consorcio tributario compartido por el Estado y la Generalitat para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos que se cobran en Cataluña, una vía que no llegó a explorarse y que terminó de truncar la deriva del 'procés'. ERC interpreta ese consorcio como una figura «autonomista» ya superada y muy alejada de su reivindicación de máximos, un concierto económico a la vasca. «Es como la paga que das a tu hijo pequeño para que espabile con sus caprichos», sentenció Rovira este domingo en El País.
Según las fuentes republicanas, se estaría negociando «un panel» de cuestiones técnicas al que sería preciso insuflar aire político para dar por bueno el acuerdo y someterlo a la consulta de una militancia aparentemente desafecta a investir al 'Illa del 155'. Son las bases secesionistas sobre las que presiona Puigdemont con su comprometido regreso a fin de reventar la elección del líder del PSC. Los socialistas y ERC no parecen dispuestos a dejarse intimidar por un amago de retorno, con el riesgo de detención que pesa sobre el líder de Junts, cuya agitación emotiva requeriría, para que Esquerra pueda contrarrestarla, un acuerdo de calado político.
La posibilidad de que la Cataluña asuma la función de cobrar a los contribuyentes de esta comunidad alguno de los impuestos que hasta ahora pagan los catalanes a la Agencia Tributaria es la clave que define el pacto para poder investir a Salvador Illa. El cambio, con efectos prácticos en la ciudadanía al ver a quién abonarían los tributos, no es baladí: a falta de conocer los detalles, la Agencia Tributaria de Catalunya se encargaría de recaudar uno o varios tributos. Pero hay que definir si tiene capacidad total de subirlos y bajarlos;si también asume la temida inspección a los contribuyentes; y en qué medida tienen que transferir una parte de esas cuantías al Estado.
El Govern pasaría de recibir anualmente las cuantías que le corresponden por ley en materia de impuestos (un 50% de lo que tributan los catalanes en la Renta y el IVA), y que le transfiere Hacienda no sin discrepancias en las liquidaciones cada fin de año;sino que Cataluña no tendría que esperar a esa cuenta. Directamente se encargaría de gestionar el o los tributos en liza.
La ley actual, que data del pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas en 2009, mantiene los impuestos en manos de la Agencia Tributaria. La cuantía que Hacienda da a cada comunidad ha ido incrementándose a base de pactos de investidura: un 15% inicial con Felipe González y un 30% con José María Aznar hasta el actual.
En esas ocasiones, el resto de comunidades, rehacias al sistema, lo acabaron digiriendo. La duda está en si esta vez habrá también café para todos.
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