Murcia eliminará el Impuesto del Patrimonio en 2023

De acuerdo con las últimas estadísticas, correspondientes a la declaración del tributo en el año 2020, que se efectuó en el ejercicio 2021, rindieron cuentas por este impuesto un total de 4.454 contribuyentes y les salió a pagar a algo más de 4.000 personas, que abonaron en su conjunto algo más de 27 millones de euros, es decir, una media de 6.600 euros por obligado tributario.

Con esta decisión del presidente López Miras, Murcia se une a las Comunidades Autónomas que actualmente bonifican el tributo al cien por cien. Durante la última década había sido únicamente la Comunidad de Madrid la que a efectos prácticos tenía suprimido esta figura fiscal. El pasado mes de septiembre se sumó Andalucía: su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciaba la supresión de ese tributo, a la par que la deflactación de la tarifa del IRPF.

Otros territorios también gobernados por el Partido Popular se unieron a esta corriente, aunque con menos agresividad. Así, Galicia, que aplicaba una bonificación del 25% al impuesto, anunció su ampliación hasta el 50%.

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El Gobierno central respondió a las Comunidades Autónomas que haciendo uso de su autonomía fiscal -la ley les faculta para establecer su propio mínimo exento, los tipos de gravamen, así como las deducciones y las bonificaciones en la cuota- vacían de contenido el tributo con la creación de un nuevo impuesto sobre la riqueza. El Ejecutivo prevé materializarlo vía enmienda en la norma a partir de la que se crean los nuevos gravámenes sobre el sector bancario y las energéticas que ahora está en tramitación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que entre en vigor en el año 2023.

De momento, la Comunidad de Madrid ya ha iniciado su rearme contra el nuevo tributo estatal. La Asamblea de Madrid aprobó hace unos días la nueva Ley de Autonomía Financiera que tiene por misión la de proteger a la Comunidad del nuevo impuesto sobre la riqueza diseñado por el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero. Además, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional esa figura fiscal por considerar que contraviene sus competencias.