Los Mossos iban a quemar documentos sobre seguimientos a dirigentes del PP

Además, también se han encontrado archivos relacionados con la extinta agencia de detectives Método 3, que elaboró centenares de informes sobre los principales personajes de la vida política, económica y social de Cataluña a petición de sus clientes. Entre el material intervenido también figuran documentos que relacionan a mandos y agentes de la policía catalana para proteger el referéndum del 1-O, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les ordenó impedir la votación.

La Policía Nacional está analizando el contenido de las cajas llenas de documentos que los Mossos d'Esquadra pretendían destruir el 26 de octubre, para trasladar sus conclusiones a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que mantiene imputado al mayor Josep Lluís Trapero, destituido como jefe de los Mossos el pasado 28 de octubre, dos días después de que se interviniera toda esta documentación.

En la víspera de la sesión del 27 de octubre en la que el Parlament votó la declaración de independencia, la Policía Nacional evitó que los Mossos quemaran en una incineradora unos documentos que ya entonces sospechaban que estaban vinculados con el referéndum del 1-0 y que intervinieron por orden de la Audiencia Nacional para analizar su contenido.

Los Mossos enviaron a primera hora del 26 de octubre una furgoneta y dos patrullas a la planta de tratamiento y selección de residuos Tersa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) para quemar varios documentos con información sensible, aunque no lo pudieron hacer porque cuando llegaron a la misma se encontraron a una veintena de agentes de la Policía Nacional bloqueando el acceso.

Los agentes de la Policía Nacional impidieron el paso a los Mossos, interceptaron la furgoneta y exigieron a la policía catalana que les entregara la documentación que llevaban a la incineradora. Sin embargo, los Mossos se negaron en un primer momento a entregar la documentación y pidieron a la Policía Nacional que les mostrara una orden judicial para intervenir estos archivos.

Los agentes de la Policía Nacional no disponían de esta orden, por lo que pidieron a la juez Lamela que les autorizara a intervenir los documentos para poderlos analizar. Tras más de tres horas de espera de ambos cuerpos policiales frente a la incineradora, la juez acordó autorizar a la Policía Nacional a requisar esta documentación y a trasladarla a Jefatura para analizarla.

Los Mossos d'Esquadra negaron aquel día que los informes que iban a quemar estuvieran vinculados con el referéndum del 1-O y alegaron que es una práctica habitual y ordinaria que se acuda a incineradoras a quemar este tipo de archivos, o que se utilicen trituradoras para destruirlos, ya que la actividad policial genera documentos de contenido sensible que, cuando ya no son necesarios, se deben destruir para atender a la protección de datos.

Según los Mossos, los documentos en papel que se llevaban a destruir pertenecían a la Comisaría General de Información y, en concreto, figuraban archivos con datos administrativos de la oficina de apoyo a esta comisaría, relativos a permisos, vacaciones y bajas, así como sobre operativos y diligencias policiales y documentación diversa.