Siete juzgados catalanes investigan la inacción de los Mossos

Esa, la de custodiar centros vacíos ha sido –explican fuentes de la seguridad del Estado- su única función durante esta jornada. El enfado entre los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional es mayúsculo porque, entienden, que el cuerpo autonómico les ha dejado “totalmente en la estacada”.

Las imágenes de los Mossos mirando desde lejos los disturbios que involucraban a sus compañeros de cuerpos otrora hermanos han levantado ampollas profundas entre los funcionarios de Interior que en esos momentos estaban dejándose la piel en las confrontaciones. También han molestado especialmente los homenajes (aplausos y flores) dedicados a los mossos que, antes de la intervención de los policías y de la apertura de los colegios a las 9 de la mañana, simplemente se han pasado por los centros para charlas con los allí congregados.

Por ello, la justicia catalana ha actuado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), siete juzgados han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos d'Esquadra por no haber impedido la votación del referéndum de independencia, tal y como había ordenado el Alto Tribunal catalán.

Las diligencias se han abierto, en unos casos de oficio y en otros a raíz de denuncias de particulares, en juzgados de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d'Urgell (Lleida), Lleida, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Uno de los casos que ha correspondido a la denuncia de un particular es el del juzgado de instrucción 4 de Lleida, que ha abierto una investigación por un presunto delito de desobediencia. El juez pide a los Mossos que le remitan un informe antes de las 15.00 horas de hoy con los motivos que les impiden cumplir con la orden del TSJC.

En un auto, el juez titular de ese juzgado, en funciones de guardia, acuerda abrir diligencias previas ante la posible comisión de un delito de desobediencia frente a la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena a los Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil impedir la votación en la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.

En el escrito, el juez toma esta decisión de oficio en base al artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que encomienda, recuerda el magistrado, "la formación de sumario a los jueces de instrucción por los delitos que se comentan dentro de su partido, pudiendo hacerlo de oficio".

"Es un hecho notorio -dice el magistrado- que en el partido judicial de Lleida están produciéndose actos encaminados a la celebración del denominado 'referéndum del 1 de octubre' en los centros que habían sido designados como 'colegio electoral' por la Generalitat".

Para el juez, como se están produciendo hechos que incumplen el mandato del TSJC "y los destinatarios de la resolución judicial no están cumpliendo con ese concreto mandato", procede abrir diligencias para "determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en el mismo hayan podido participar".

Así, en su parte dispositiva acuerda requerir al jefe de la Comisaría de Ponent de los Mossos para que le informe "en el plazo más breve posible, y en todo caso antes de las 15.00 horas, de los motivos que impiden a dicho cuerpo cumplir" la resolución del TSJC en el partido judicial de Lleida.

La pasividad del cuerpo (cuando no la connivencia de los funcionarios policiales catalanes con los concentrados) ha sido tal que incluso han llegado a encararse con efectivos de seguridad del Estado durante las intervenciones

En el punto de mira del Ministerio Público está, como no, el ‘major’ del cuerpo, Josep Lluis Trapero, quien hoy además se ha negado a participar en una reunión de coordinación con los responsables de Interior.

Tanto la Fiscalía como Interior (aunque Juan Ignacio Zoido por “cautela” ha rechazado valorar la actuación de los Mossos) señalan a Trapero como último responsable de la pasividad de sus agentes. Sobre todo apuntan a que las órdenes que transmitió el pasado viernes en las que prohibía taxativamente el “uso de la fuerza” para los desalojos eran en realidad un ejercicio de “desobediencia encubierta”, porque Trapero era totalmente consciente de que era imposible desalojar esos colegios apelando, como hizo, a que la capacidad de persuasión de los funcionarios.

Lo ocurrido hoy se venía venir, coincidente todos los mandos de las fuerzas de seguridad consultados. Ayer, Trapero ordenó a sus funcionarios que tiraran de burocracia para evitar comprometerse en el cierre de las escuelas. La fórmula fue usa un formulario en sus visitas a los colegios en el que se ofrece a los agentes hasta cinco posibilidades para argumentar la causa o causas por las que no han procedido al cierre del colegio.

Todo reducido a un mero trámite burocrático. Las instrucciones fueron exclusivamente rellenar los formularios de “resultado de la acción policial". Los funcionarios debían señalar si han procedió al desalojo del centro (no consta que expulsaran a los ocupantes de ninguno en toda Cataluña) y, en el caso negativo, explicar las causas por las que no lo habían hecho.

Y es ahí, donde se ofrecían las opciones a los agentes para excusarse: la "negativa reiterada y manifiesta de desocupar el local", la "posibilidad de que se produzcan altercados con peligro para las personas o bienes", la "imposibilidad de los agentes de acceder al centro" y la "presencia de personas vulnerables (niños, personas de edad avanzada...)". Y una quinta opción: “otros motivos”.

El uso del ‘escudo’ del formulario no sorprendió en Interior. Trapero ya usó esta estratagema cuando la semana pasada la Fiscalía de Cataluña le ordenó identificar a los responsables de los centros electorales e investigar quiénes les habían pedido abrir el 1-O los colegios. El ‘major’ redujo esa ‘investigación’ a visitas protocolarias y entrevistas amigables con los ‘testigos’.

El 20 de septiembre, durante el ‘asedio’ de los independentistas a la decena de guardias civiles que registraban la Consejería de Economía, Josep Lluís Trapero también supo ‘salvaguardar’ a sus funcionarios de enfrentarse a la multitud y consiguió retrasar hasta la madrugada su desalojo, aunque ello le valió una soberna bronca del juez que había ordenado el allanamiento.

En otro ejercicio de medida ‘colaboración’ con las ordenes que por entonces emanaban de la Fiscalía catalana, el pasado 21 de septiembre, Trapero envió al Ministerio Público el “plan de actuación” para cumplir “escrupulosamente” (como él mismo dijo) las órdenes de evitar el referéndum. El problema -y así llegó a denunciarlo el propio fiscal general del Estado a sus subordinados- es que era un despliegue era el “correcto” para unas “elecciones generales” pero no para “impedir” el 1-O. Aquel último malabarismo fue el que hizo que al sábado siguiente la Fiscalía le ordenara ponerse bajo la “coordinación” del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Los cinco sindicatos de la Policía Nacional ( SUP, CEP, UFP, SPP y ASP) han firmado una circular conjunta en la que critica en términos de extrema dureza la actuación de los Mossos este domingo y en la que anuncian acciones legales contra los mandos del cuerpo autonómico. “Llo ocurrido hoy ha sido escandaloso. No sólo han evitado cumplir lo ordenado por el TSJ de Cataluña sino que han actuado con vergonzosa ligereza, cuando no obstruccionismo, e incluso manipulando datos sobre centros de votación”, apuntan los sindicatos, que afirman que “la decepción y la indignación son los sentimientos generalizados entre los policías nacionales”.

“El dispositivo diseñado por la Jefatura de ese Cuerpo ha sido insuficiente, deliberadamente endeble, bochornosamente equidistante. Las órdenes emitidas han sido impropias de un Cuerpo de seguridad”, llegan a afirmar los representes del CNP, quienes denuncian que “la política ha calado en la estructura de mando de los Mossos hasta contaminar su actuación en un día como hoy. Frente a lo que ellos creen, no se han conducido como policías sino como una extensión vergonzosa de los partidos nacionalistas”.

Por todo ello, las organizaciones sindicales anuncian se suman a las actuaciones que la Fiscalía Superior de Cataluña vaya a emprender contra los Mossos y su máximo responsable, José Luis Trapero, y, en consecuencia, “vamos a ejercer acciones legales para exigir la asunción de responsabilidades penales de este alto mando, de su equipo directivo y de cuantos mossos han aparecido hoy en imágenes dificultando el trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil o actuando con clarísima falta de apego a las órdenes judiciales”.

“La impunidad -afirman los sindicatos- no puede abrirse paso en un Cuerpo, como el de los Mossos, que contaba con todo nuestro respeto. Un gran número de policías autonómicos son profesionales y honrados”

Según los sindicatos, la actuación de hoy abre un “intenso debate sobre su papel en el modelo de seguridad pública de nuestro país, su carácter de Policía integral, la fiabilidad de sus actuaciones y, lo que es peor, el nivel de compromiso de su estructura de mando con el sectarismo político de los independentistas”. “Aquí no hay medias tintas: o se está del lado de la Ley o se está en el delito”, zanjan los cinco sindicatos.