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La relación entre PSOE y Sumar atraviesa su momento más tenso desde que ambos partidos pactaron el Gobierno de coalición en noviembre de 2023. El inusual cambio de cromos entre los de Yolanda Díaz y el PP en las votaciones del Congreso este martes ... provocó un importante choque entre el socio minoritario del Ejecutivo y los socialistas agravado este miércoles por la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que extendió la bronca entre ambas formaciones al corazón del hemiciclo pese que hasta hace apenas unos meses defendían mantener lealtad dentro de la coalición y evitar «airear el ruido» fuera del Consejo de Ministros.
Y ha sido precisamente por la vivienda, un asunto sobre el que también presionaban sus antiguos aliados de Podemos. En Sumar, críticos desde hace semanas con la «inacción» de Rodríguez, esperaban de su presencia en el parlamento «medidas concretas y no parches».De hecho, habían definido la cita como «una encrucijada» en la legislatura y, tras definir su intervención como «poco empática y sin propuestas» acabaron advirtiendo a la ministra en sede parlamentaria de que, si no actúa y toma medidas «contundentes» «va a durar en el Gobierno lo mismo que un piso de 600 euros publicado en Idealista», le espetó el diputado Alberto Ibáñez.
Rodríguez recogió el guante y no dudó en entrar al trapo. Molesta por haberse convertido, según sus propias palabras, «en un saco de boxeo», preguntó a su socio de coalición si estaban «¿con el Gobierno o con la oposición?». «Cuando la cosa sale mal responsabilizan al PSOE, pero cuando sale bien se ponen la 'medallitas'», zanjó, antes de recalcar la posición de mayoría respecto a Sumar:«Somos los hermanos mayores, los responsables, y los que vamos a seguir liderando la izquierda pragmática, la que resuelve», les respondió.
El nivel de tensión se acrecentó una hora más tarde, cuando salió a la tribuna en una réplica la diputada y activista de esa formación sobre la vivienda, Gala Pin, que llegó a descalificar como «fatídica» la exposición de la responsable ministerial. Intervención que el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, se encargó de replicar acusando a Sumar de «estar en el Gobierno a tiempo parcial».
La cuestión de la vivienda divide a ambas alas del Ejecutivo, sin embargo, el ambiente entre ambos socios ya venía enrarecido por el pleno del día anterior, cuando Sumar ayudó al PP a infligir otra derrota parlamentaria al Gobierno, la número 37 de la legislatura, al abstenerse en una iniciativa sobre ayuda militar en el extranjero a cambio de otra sobre cláusulas hipotecarias. «No creo que hubiera ningún motivo para hacerlo», les reprochó este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, que no disimuló, a preguntas de los periodistas, su cabreo en los pasillos del Congreso. «No lo he entendido», añadió.
Sumar no necesitaba los votos del PP para sacar adelante la tramitación de su ley para regular los abusos de la banca en las cláusulas de las hipotecas, por lo que, desde su punto de vista, este movimiento político tiene más que ver con la lucha «en el espacio de la izquierda» con Podemos que con sus vínculos directos con los socialistas, aunque finalmente haya sido el partido mayoritario del Ejecutivo el principal perjudicado. Montero deslizó que desde Sumar mintieron sobre cuál iba a ser el sentido de su voto cuando ya circulaba la posibilidad del pacto con los populares. «A mi me trasladaron que no era verdad eso que estaban publicando determinados medios pero luego se confirmó», lamentó. En esta misma línea, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, reprochó a Sumar haber elegido «francamente mal» el día. «O a setas, o a Rolex», resumió.
Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, insistió en que su formación facilitó «por convicción» que se tramitara la iniciativa legislativa del PP sobre control parlamentario de los envíos de material militar a países como Ucrania. En medio de este choque en el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, respondió a la carta en la que el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, le exigió que se cancelaran «de manera inmediata» todos los contratos en curso para comprar armamento de la industria militar israelí, para aclararle que solo se ha contratado la reparación de piezas desde el inicio de la escalada bélica.
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